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Brasil: Sin indulto navideño para los revoltosos del 8 de enero
Lula ha posicionado al poder ejecutivo como un baluarte contra lo que él describe como una “ruptura democrática” El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó su tradicional decreto de indulto navideño a miles de reclusos. Sin embargo, por segundo año consecutivo, el mandatario excluyó explícitamente a los condenados por intentar derrocar el orden democrático el 8 de enero de 2023 en Brasilia.
El decreto, publicado este martes en el Diário Oficial da União, destaca que el indulto —una prerrogativa ejecutiva anual utilizada para aliviar la sobrepoblación carcelaria— no se aplicará a las personas condenadas por “delitos contra el Estado de derecho democrático”, concretamente a los partidarios del expresidente Jair Bolsonaro, condenados por el asalto a la Plaza de los Tres Poderes.
La decisión de Lula subraya una rígida política de rendición de cuentas. El decreto excluye al propio Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión en septiembre de 2025 por presuntamente orquestar la revuelta. Si bien el indulto ofrece clemencia a una amplia gama de presos por razones humanitarias, mantiene estrictas barreras contra la delincuencia violenta y organizada.
La medida se aplica a personas mayores de 60 años, parapléjicos, personas con enfermedades terminales o autismo grave, madres y cuidadores, mujeres embarazadas con gestaciones de alto riesgo o padres que sean los únicos responsables del cuidado de niños con discapacidades graves o menores de 16 años. Además, se aplica a personas sin antecedentes penales condenadas a menos de ocho años que ya hayan cumplido una quinta parte de su condena.
El decreto excluye expresamente los delitos contra la democracia, los crímenes atroces, el terrorismo, el narcotráfico, la agresión sexual, los delitos de violencia contra la mujer, los líderes de facciones criminales, los reclusos alojados en centros de máxima seguridad y los funcionarios corruptos involucrados en lavado de dinero o corrupción grave en la administración pública.
El indulto de este año tuvo lugar mientras el Congreso continúa debatiendo un controvertido proyecto de ley de amnistía, respaldado por legisladores de extrema derecha. El presidente Lula ha prometido repetidamente vetar cualquier intento legislativo de indultar a los involucrados en los disturbios de 2023, posicionando al poder ejecutivo como un baluarte contra lo que él describe como una “ruptura democrática”.
El Supremo Tribunal Federal (STF) ya ha condenado a cientos de participantes en los atentados del 8 de enero.
