La reducción sostenida de la informalidad requiere políticas activas y coordinadas, subrayó la OIT La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió este jueves que la informalidad sigue afectando a casi uno de cada dos trabajadores en América Latina y el Caribe, con un promedio regional del 47% en 2025.
Según el informe Panorama Laboral 2025 de América Latina y el Caribe de la organización, la situación es crítica en varios países andinos, con tasas que superan el 70% en Perú, Bolivia y Ecuador.
Aunque la OIT observó una ligera reducción de la informalidad durante el primer semestre de 2025 (una disminución de 0,7 puntos porcentuales en comparación con 2024), dicho progreso se consideró mínimo e insuficiente para abordar la naturaleza estructural del problema.
Si bien la tendencia ha sido consistentemente decreciente desde 2021, la reducción observada aún es insuficiente para modificar las características estructurales del mercado laboral y constituye uno de los desafíos centrales para el desarrollo laboral en la región. En promedio, afecta a casi la mitad de las personas ocupadas, declaró la OIT.
Asimismo, destacó las graves consecuencias de la informalidad laboral, que afectan la estabilidad fiscal de las economías nacionales y reducen la productividad nacional general, además de aumentar la precariedad debido a la falta de protecciones esenciales como un seguro médico y la normativa laboral. En este escenario, los jóvenes y las mujeres son los grupos más afectados.
El informe también señaló grandes diferencias dentro de la región. Mientras que la tasa de informalidad ronda el 25% en países como Chile y Uruguay, se acerca al 70% en Perú y Ecuador, y supera el 80% en Bolivia.
Esta heterogeneidad implica que las políticas para reducir la informalidad deben adaptarse a los contextos nacionales específicos, advirtió la agencia de la ONU, señalando la necesidad de considerar factores como la estructura productiva y la capacidad institucional.
La Directora Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Ana Virginia Moreira, reconoció que los países han realizado esfuerzos para adaptar la legislación laboral tras el aumento significativo de la informalidad durante la pandemia de Covid-19. Sin embargo, advirtió que abordar el problema de raíz requiere un mayor compromiso político. La región no puede conformarse con cifras que, en promedio, parecen positivas. Necesitamos políticas activas que promuevan el trabajo decente, con igualdad y protección, instó Moreira. La OIT mantiene su compromiso de acompañar a los países en este camino, en un mundo laboral en rápida evolución.
La OIT sostiene que la reducción sostenida de la informalidad requiere políticas activas y coordinadas que impulsen transformaciones más profundas en la estructura laboral y productiva, junto con un sólido crecimiento económico.