MercoPress. South Atlantic News Agency
Fiscalía colombiana solicita detención de un hijo del presidente
El hijo del presidente ha enfrentado anteriormente a restricciones judiciales, incluyendo la prohibición de salir de su ciudad de residencia La Fiscalía colombiana solicitó formalmente este martes la prisión preventiva de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La fiscal Lucy Laborde argumentó que existían pruebas suficientes para demostrar que Petro Burgos, exdiputado por el departamento del Atlántico, estuvo directamente involucrado en actividades irregulares relacionadas con contratos públicos.
El ministerio público alega que el sospechoso intervino indebidamente en la adjudicación de contratos por parte de la Gobernación del Atlántico a la Fundación Conciencia Social (Fucoso).
Según la investigación, fondos destinados a programas sociales como la atención a personas mayores y niños con discapacidad se desviaron a fines no autorizados. Petro Burgos habría utilizado su posición política para participar en tráfico de influencias, posiblemente involucrando a la entonces gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera.
Laborde insistió en que las pruebas apuntaban a la participación directa de Petro Burgos en la gestión y facilitación de acuerdos. Además, la Fiscalía citó la necesidad de la detención preventiva debido a la posible capacidad del acusado para influir en los testigos y afectar el curso de la investigación.
Un documento firmado por Petro Burgos llegó a la fiscalía mencionando noticias criminales antes de su imputación oficial, lo que sugería un acceso previo a información confidencial.
Durante la audiencia, Petro Burgos se negó a aceptar ninguno de los cargos, afirmando que no comprendía claramente las acusaciones y solicitando una explicación detallada. Además, su equipo legal sostuvo que las acusaciones eran infundadas y se basaban únicamente en testimonios contradictorios.
El hijo del mandatario ha enfrentado anteriormente restricciones judiciales, incluyendo la prohibición de salir de su ciudad de residencia.
