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Incautan bienes de CFK, Lázaro Báez, y los hermanos Kirchner
A juicio del tribunal, estas propiedades, como Los Sauces (foto), constituían el producto del esquema delictivo perpetrado entre mayo de 2003 y diciembre de 2015 El Tribunal Oral Federal n.° 2 (TOF 2) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ordenó la este miércoles la incautación de bienes inmuebles y fondos valorados en un total actualizado de US$684.990.350.139,86 en el marco del proceso por administración fraudulenta contra la Dirección de Vialidad Nacional.
La decisión afecta a bienes pertenecientes a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al empresario Lázaro Antonio Báez, a otros condenados y a empresas asociadas. La medida también se extiende a propiedades de los hijos de CFK, Florencia Kirchner y el diputado Máximo Kirchner.
El juzgado, integrado por los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, ejecutó la orden de incautación en cumplimiento de la sentencia firme dictada el 10 de junio.
El monto original de más de US$84 mil millones se incrementó significativamente a la cifra actual de US$685 mil millones tras el análisis realizado por expertos oficiales y el Servicio de Contadores Públicos de la Corte Suprema (CSJN). Los condenados no cumplieron con la orden de pago del monto actualizado, lo que motivó las acciones del miércoles.
La orden de embargo incluye propiedades pertenecientes a las empresas de Báez: Austral Construcciones S.A., Kank y Costilla S.A., Gotti Hnos. S.A. y Loscalzo y Del Curto S.R.L.
Entre los bienes específicos incluidos se encuentran propiedades transferidas a Máximo y Florencia Kirchner, tales como terrenos, departamentos, casas y el hotel Los Sauces Casa Patagónica en El Calafate. A juicio del tribunal, estas propiedades fueron el producto o ganancia del esquema delictivo ejecutado entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.
La resolución judicial establece explícitamente que los bienes confiscados deben registrarse en la Base de Datos General de Bienes Incautados y/o Confiscados. La sentencia también incluye una disposición para el embargo de bienes pertenecientes a otros condenados, como Nelson Guillermo Periotti y José Francisco López, si los bienes inicialmente confiscados resultaren insuficientes para cubrir el monto total.
Los abogados defensores solicitaron al tribunal que rechazara el embargo de los bienes, alegando falta de pruebas que establecieran un vínculo directo entre esas propiedades y el delito, insuficiente evidencia para respaldar la medida, violación de principios constitucionales y dudas sobre la inclusión de bienes adquiridos antes de que los acusados asumieran cargos públicos o bienes previamente investigados en otras causas oportunamente desestimadas.
