En medio de la actual escasez, se emitió una orden de arresto contra Dorgathen La ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra se enfrenta a una creciente escasez de diésel y gasolina, lo que provoca largas colas en las gasolineras, especialmente camiones que aguardan hasta cinco días para repostar.
Además, sectores productivos como el transporte y la agroindustria han declarado el estado de emergencia, advirtiendo que la insostenible crisis amenaza con paralizar actividades clave y llevar a la quiebra a las empresas. El sector agrícola por sí solo requiere 50 millones de litros de diésel en octubre y 150 millones para fines de año para mantener la producción.
El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, atribuyó la caída en los envíos de combustible (70%) a la falta de dólares estadounidenses, dado que Bolivia importa casi el 90% de su diésel y el 56% de su gasolina.
El director de la petrolera estatal también fue objeto de una orden de captura en su contra basada en una denuncia presentada por el Servicio Nacional de Aduanas por presunto contrabando agravado de combustible, que supuestamente perjudica los recursos del Estado.
En una conferencia de prensa conjunta, YPFB afirmó que las exportaciones investigadas eran legales, se realizaban bajo las facultades y el control de los organismos reguladores y que el Estado había recibido US$14,4 millones.
La titular de la Dirección General de Aduanas, Karina Serrudo, señaló que la denuncia fue presentada el 6 de octubre por exempleados que habían sido despedidos y enfrentaban un proceso judicial. Serrudo calificó la maniobra como represalia y señaló que un Decreto Supremo respaldaba la transacción.
Bolivia ha enfrentado una escasez de combustible cada vez más prolongada en los últimos dos años debido a las graves dificultades para conseguir dólares para las importaciones de combustibles subsidiados.
Dorgathen anunció que los suministros actuales solo cubrirán entre el 70% y el 80% de la demanda y que los US$56 millones semanales presupuestados para las importaciones son insuficientes para satisfacer los requerimientos, que estimó en US$60 millones. También culpó a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que no aprobó préstamos internacionales que garantizarían los dólares necesarios y asegurar la provisión de combustible.