El Gobierno paraguayo del presidente Santiago Peña presentó un ambicioso proyecto de ley al Congreso para reestructurar el Estado. El mandatario calificó esta iniciativa como un hito histórico.
El programa de 10 medidas busca mejorar la seguridad del transporte terrestre mediante la actualización de su normativa para aumentar la calidad y la sostenibilidad del servicio. También prevé la fusión de la Secretaría de Repatriados con el Ministerio de Relaciones Exteriores para aumentar la eficiencia y reducir costos, creando un nuevo Viceministerio.
Asimismo, prevé la creación del Ministerio de Industria, Comercio, Turismo, Minas y Energía para centralizar y coordinar políticas, simplificar trámites y priorizar sectores estratégicos. Por otro lado, sustituye la actual Ley 60/90 con criterios actualizados para maximizar el empleo y la innovación a partir de las inversiones.
La iniciativa también busca fortalecer el mercado de valores con reglas más claras y una mayor protección a los inversores, en consonancia con los estándares internacionales. El paquete asimismo derogaría una norma que aumenta las tarifas aéreas mediante pagos obligatorios a las agencias de viajes, con el fin de fomentar la competencia, abrir nuevas rutas y reducir los costos para los viajeros.
El Régimen de Maquila (un sistema especial de producción orientado a la exportación que permite a las empresas extranjeras operar en el país con condiciones fiscales y aduaneras muy favorables) se actualizará para incluir servicios y procesos digitales, mejorando la competitividad y atrayendo inversiones.
El Gobierno también busca promover la producción y el ensamblaje nacional de equipos eléctricos, electrónicos y digitales mediante beneficios fiscales y condiciones comerciales favorables.
Además, Peña proyecta ajustes técnicos para mejorar la seguridad jurídica y facilitar la inversión en energías limpias, reforzando así el liderazgo de Paraguay en el sector.
La reforma prevista de la Ley de Arbitraje moderniza el sistema nacional para incorporar principios internacionales, validar acuerdos electrónicos e introducir nuevas garantías procesales.
El jefe de Estado subrayó que estas medidas fueron fruto de esfuerzos colaborativos y son cruciales para el desarrollo estructural de Paraguay a mediano y largo plazo.
Por otra parte, el diputado Rubén Rubín y el presidente del Congreso, Basilio Núñez, presentaron este viernes un proyecto de ley para reformar el Código Penal, aumentando la pena máxima de prisión a 90 años para homicidios y delitos graves. Para penas de 50 años o más, se aplicaría el término cadena perpetua revisable, según se explicó.
En caso de abuso sexual infantil, se eliminaría la palabra hasta de las penas existentes, garantizando así la imposición de las penas más severas posibles.
Si bien el proyecto de ley no aborda la edad de responsabilidad penal, Rubín señaló que esto se considerará en futuros proyectos.