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Periodistas argentinos preocupadas por nuevos ataques a libertad de prensa bajo el gobierno libertario
Las nuevas directrices “resultan ser excesivamente restrictivas”, advirtió ADEPA Organizaciones de prensa argentinas expresaron su preocupación después de que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) atacara al periodista Hugo Alconada Mon, y el gobierno libertario del presidente Javier Milei intensificara la presión contra el ejercicio del periodismo en la Casa Rosada.
ADEPA, FOPEA y la SIP denunciaron los ataques, exigieron una investigación judicial y advirtieron sobre las amenazas a la libertad de prensa. Además, Amnistía Internacional apoyó a Alconada Mon, destacando el papel de la prensa libre en los países democráticos, mientras que ADEPA señaló que las nuevas normas de acreditación de la Casa Rosada podrían limitar el trabajo periodístico y el acceso a la información.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresaron su apoyo a Alconada Mon, del diario La Nación, tras las amenazas e intentos de hackeo de sus dispositivos electrónicos a manos de la SIDE. El documento plantea preocupantes ambigüedades que abren la posibilidad de vigilancia a opositores, periodistas, economistas y otros actores sociales críticos con el Gobierno.
“ADEPA repudia la campaña de acoso y los intentos de ciberacoso sufridos por el periodista Hugo Alconada Mon a raíz de la publicación de un artículo sobre un programa nacional de inteligencia”, declaró la organización en un comunicado.
Los grupos coincidieron en que estas prácticas violan principios fundamentales del sistema democrático y exigieron al Estado que garantice la protección de los periodistas, su privacidad y su derecho a investigar.
El nuevo reglamento de prensa de la Casa Rosada se interpretó como un “derecho de admisión” mediante el cual se regulan “el ámbito territorial de cada medio de comunicación en particular y el perfil de especialización de su cobertura periodística, así como los profesionales autorizados para ejercer dichas funciones”. “No se recuerda una resolución de la misma naturaleza. Además, el gobierno regula la disponibilidad operativa de espacios y demás documentación presentada”, advirtió ADEPA, quien insistió en que las nuevas directrices “resultan excesivamente restrictivas si se tiene en cuenta la cantidad de profesionales que trabajan actualmente en la Casa Rosada”.
“Es fácil comprender que, sin la posibilidad de acceder a áreas o sectores restringidos discrecionalmente, la cobertura periodística de lo que sucede en la Casa Rosada se ve gravemente afectada”, añadió ADEPA. “Una vez más, la rigidez de la normativa establecida ignora la vida cotidiana y la naturaleza del trabajo periodístico”, señala el comunicado.
“Tras estos argumentos, que en principio pueden parecer razonables, suele ocultarse la intención de digitalizar los permisos de acceso para rechazar la entrada de periodistas críticos o que no son del agrado del gobierno”, señaló ADEPA.
FOPEA expresó su “absoluto repudio al acoso y ciberacoso” sufrido por el periodista y advirtió sobre el “posible espionaje a periodistas”. Se enfatizó que el nuevo plan aprobado por la SIDE contempla acciones que podrían llevar al monitoreo de comunicadores, afectando gravemente la labor informativa y el derecho de la ciudadanía a estar informada.
La SIDE elaboró un documento secreto de 170 páginas, al que LA NACION tuvo acceso y cuya autenticidad fue verificada con fuentes independientes, que establece como foco de interés a quienes “erosionan la confianza en los funcionarios” o promueven la “distorsión de la percepción pública”, según se informó en Buenos Aires.
Se ha considerado que el texto legitima acciones de inteligencia interna contra voces críticas al gobierno nacional, incluyendo periodistas, economistas y usuarios de redes sociales, que generan “pérdida de confianza” en las políticas económicas del Ejecutivo. Esta redacción ambigua ha generado gran preocupación en el ámbito periodístico y académico, dado el precedente internacional de planes similares utilizados para justificar la vigilancia de opositores.
