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Ministerio de Defensa uruguayo adopta medidas disciplinarias en investigación por compra a Cardama
Jorge Wilson fue colocado bajo arresto por 30 días por su conducta en la investigación vinculada al turbio convenio con Cardama Altos oficiales de la Armada uruguaya, entre ellos el ex comandante en jefe Jorge Wilson, fueron sancionados con arresto por su participación en la compra de dos patrulleros oceánicos (OPV) al astillero español Cardama, una empresa sin experiencia en ese tipo de unidades y que además atravesaba dificultades financieras.
El contrato de 82 millones de euros, firmado en 2023 bajo el gobierno anterior, está bajo la lupa de la actual administración del Frente Amplio debido a pagos cuestionables y pruebas insuficientes de progreso. En este contexto se recomiendó una investigación administrativa para revisar el proceso de contratación, que comenzó en 2021 y favoreció a Cardama a pesar de las advertencias de funcionarios de la Armada como Gustavo Musso sobre la inexperiencia y los riesgos del astillero.
La inestabilidad financiera de Cardama, que incluye un intento fallido de préstamo y cuestionables garantías en efectivo, hace temer un posible fracaso del contrato, que podría costarle a Uruguay 92 millones de dólares y dejarlo sin los buques necesarios.
El gobierno del presidente Yamandú Orsi está evaluando nuevas acciones mientras la ejecución del contrato limita las opciones de cancelarlo.
A Wilson se le impuso un arresto de 30 días. Supuestamente proporcionó información sobre un segundo pago de 8,2 millones de euros a Cardama aprobado en febrero bajo el gobierno anterior, pero que el actual -en funciones desde marzo- cuestiona su justificación.
El contralmirante José Ruiz y el capitán de navío Marcelo Da Silva también fueron sancionados por omisiones o retrasos en la aportación de datos al “grupo de trabajo” creado por la actual ministra de Defensa, Sandra Lazo, para investigar el caso.
Este grupo, dirigido por Alfredo Maeso, concluyó que era necesaria una investigación administrativa para revisar el proceso de contratación iniciado bajo el mandato del entonces ministro de Defensa Javier García.
El contrato con Cardama, por 82 millones de euros, incluía dos pagos ya realizados. El actual gobierno del Frente Amplio sostiene que no hay pruebas suficientes de que el astillero cumpliera los hitos acordados. Una reunión previa a la Semana Santa con ejecutivos de Cardama no resolvió las dudas sobre los avances. A pesar de las garantías dadas por Mario Cardama y la certificación de Lloyd's Register, las dudas persisten, y un tercer pago está supeditado a la colocación de la quilla del primer buque en mayo.
El gobierno uruguayo se mantiene escéptico, dado el historial de proyectos fallidos y reestructuraciones financieras de Cardama. La propia Lazo había seguido el proceso desde su escaño en el Senado y se había pronunciado repetidamente en contra de Cardama. “Se presentaron comisiones de transparencia y seguimiento, que se quedaron en el camino porque muchas veces la prensa tenía más información de la que se daba en esos ámbitos, que se anunciaban a bombo y platillo”, señalaba entonces Lazo. “Vamos a barajar y repartir de nuevo”, añadió, pese a admitir que las OPV eran necesarios.
En 2024, el almirante Gustavo Musso solicitó dejar el servicio activo, alegando su preocupación por la elección de Cardama. Había recomendado otros astilleros, entre ellos Godan, Cotecmar y Kership. Además, el caso trajo a colación un incidente con China's Shipbuilding Trade (CTSC), que había participado en la licitación pero alegó especificaciones poco claras y presupuestos cambiantes. El ex presidente José Mujica destacó el impacto de estos procedimientos chapuceros frente a los chinos, a quienes se les debía -según él- al menos una disculpa.
Las sanciones de esta semana no excluyen nuevas medidas disciplinarias contra los mandamases de la Armada por la chapuza. El contrato, ya en ejecución, limita las opciones legales para revertirlo, según los analistas.
