El Gobierno sandinista de Nicaragua puso en vigencia este miércoles una reforma constitucional que otorga poderes adicionales a la pareja gobernante formada por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Para empezar, la vicepresidenta Murillo ha sido designada como copresidenta y se extendieron los mandatos presidenciales de cinco a seis años, mientras que Ortega se conviertió en Jefe Supremo del Ejército, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior.
Además, permite al Poder Ejecutivo coordinar los órganos legislativos, judiciales, electorales y otros órganos estatales, al tiempo que crea las llamadas fuerzas militares de reserva patriótica y una policía voluntaria, que los observadores internacionales consideran como tropas paramilitares.
La iniciativa ha sido ampliamente condenada por las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Parlamento Europeo.
Otras medidas controvertidas incluyen convertir la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en un símbolo patrio y monitorear las redes sociales para evitar la influencia extranjera y las noticias falsas. La nueva legislación modificó 148 de los 198 artículos y derogó otros 37, entre ellos el que prohibía la práctica de la tortura.
La enmienda establece que Nicaragua es un Estado “revolucionario”, libre, soberano, independiente, que reconoce al individuo, la familia y la comunidad como protagonistas de la “democracia directa” donde el poder revolucionario es ejercido directamente por el pueblo a través de la Presidencia de la República, que ahora está compuesta por un Presidente y un Copresidente, quienes pueden nombrar vicepresidentes no electos.
Ortega, de 79 años, ha gobernado Nicaragua desde 2017 junto con su esposa Murillo en medio de elecciones poco claras con los principales líderes de la oposición en la cárcel o en el exilio.