La organización terrorista Hamás exigió este viernes a Paraguay que vuelva a trasladar la Embajada en Jerusalén a Tel Aviv tras la reapertura del jueves. Pedimos al gobierno paraguayo que dé marcha atrás en esta decisión y se ponga del lado de los valores de humanidad, justicia y legalidad, y apoye a nuestro pueblo oprimido, dijo el grupo islamista. Hamás también considera el traslado de la embajada una violación del derecho de los palestinos a su tierra y una violación de las resoluciones de la ONU que reconocen Jerusalén Este como territorio palestino ocupado por Israel.
Condenamos en los términos más enérgicos la decisión del presidente de Paraguay, Santiago Peña, de trasladar la Embajada de su país en la criminal entidad sionista a la Jerusalén ocupada, prosiguió Hamás en un comunicado.
A la ceremonia del jueves asistieron el presidente paraguayo, Santiago Peña, así como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y los cancilleres de ambos países, entre otros altos cargos. Paraguay ya había trasladado la misión diplomática en 2018 bajo la presidencia de Horacio Cartes, pero esa decisión fue revertida posteriormente durante el mandato de Mario Abdo Benítez para supuestamente mantener la neutralidad en el conflicto palestino-israelí.
Israel considera Jerusalén (incluida su parte oriental, ocupada en 1967 y anexionada unilateralmente en 1980) como su única e indivisible capital, en contra de la inmensa mayoría de la comunidad internacional, que mantiene su representación diplomática en Tel Aviv.
Sólo Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea y Paraguay. El presidente argentino, Javier Milei, también ha anunciado sus intenciones de seguir su ejemplo.
Peña subrayó que el traslado de la Embajada era un día histórico para Paraguay, que reafirma los lazos de amistad y cooperación con Israel, al que calificó de nación hermana mientras Netanyahu insistió en que Jerusalén era la capital eterna de su país.
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina señaló que la apertura de la nueva sede diplomática constituía ”una violación del derecho internacional, de las resoluciones de las Naciones Unidas y de la posición de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), lo que colocaba a Paraguay en el lado equivocado de la historia”.