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El frente judicial de Evo llega a Argentina
Del Castillo dijo que Bolivia estará atenta a cualquier requerimiento que pueda llegar desde Buenos Aires Las autoridades argentinas han presentado una denuncia penal contra el ex presidente boliviano Evo Morales por la presunta violación y trata de personas de cuatro adolescentes cuando se encontraba asilado en el país, según ha anunciado este fin de semana la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Morales será procesado por la presunta “comisión de delitos de trata de personas y abuso sexual”, explicó.
“A la causa por abuso de menores que ya está abierta en Bolivia se suma algo aún más aberrante: el ex presidente socialista boliviano está acusado de haber convivido con cuatro adolescentes durante el asilo político que le dio el kirchnerismo”, agregó.
“El peor de los delitos, en nuestro suelo. Por eso, hace 15 días presentamos una denuncia por la presunta comisión de delitos de trata de personas y abuso sexual”, señaló también el ministro sobre una presentación judicial que se suma a la anterior de la ONG Fundación Apolo que preside el legislador porteño Yamil Santoro.
“Hace 15 días recibimos en el Ministerio de Seguridad una denuncia de un particular sobre la conducta de Evo Morales y lo procesamos, así que esta denuncia está dando vueltas hace 15 días. No le dimos ninguna publicidad por los niveles de violencia que había en ese momento en Bolivia, nos pareció que no correspondía, tampoco la justicia le dio ninguna publicidad”, argumentó Bulllrich.
Morales habría convivido con menores de edad durante su estadía en Argentina entre 2019 y 2020. Las víctimas habrían sido traídas desde Bolivia para realizar tareas domésticas.
Angélica Ponce, ex amiga de Morales, dijo haber visto a un grupo de menores cumpliendo roles que calificó de “serviles” en la residencia pagada por el gobierno de Alberto Fernández. Según Ponce, el líder indígena también recibía “niñas de regalo”. Incluso mencionó que Morales hablaba abiertamente de ello.
Morales también está siendo investigado por el presunto abuso sexual y trata de una niña de 15 años de Yacuiba, Tarija, que habría viajado en repetidas ocasiones entre México y Argentina con el consentimiento de sus padres. La Fiscalía boliviana inició una investigación el 26 de septiembre tras recibir un informe de inteligencia que señala que el ex jefe de Estado habría cometido los delitos de trata de personas y estupro con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija en 2015, cuando aún era presidente. Los problemas judiciales del líder socialista son uno de los motivos de los continuos bloqueos de carreteras y revueltas de sus seguidores, que exigen el sobreseimiento de estas causas y que se permita a Evo presentarse a las elecciones presidenciales de 2025 pese a haber agotado el número de mandatos que cualquier persona puede desempeñar según la Constitución. Los evistas temen que en cualquier momento se emita una orden de detención contra Morales, por lo que se han enfrentado a la Policía y han tomado tres cuarteles militares, manteniendo como rehenes a unos 200 soldados y a numerosos civiles. La semana pasada, la fiscal boliviana Sandra Gutiérrez dijo que tenía suficientes “indicios materiales” para pedir la detención de Morales, pero hasta ahora no ha avanzado con ello.
En este escenario, el ministro de Gobierno (Interior) de Bolivia, Eduardo del Castillo, insistió este domingo en que se cumplirá la ley respecto a Morales. De ahí que la administración del presidente Luis Arce Catacora estaría atenta a cualquier requerimiento que pudiera llegar desde Buenos Aires. “Si hay una alerta migratoria y llega a la Dirección General de Migración será la instancia que deberá cumplir con lo que determine la justicia, así como la Policía está cumpliendo con las leyes, nosotros cumpliremos con la Ley y las direcciones cumplirán con las leyes”, dijo del Castillo.
El viernes, Morales se declaró en huelga de hambre para persuadir a Arce de que busque canales de diálogo para solucionar la crisis en curso. Durante su programa de radio del domingo, insistió en que el caso contra él era “una operación de EE.UU.”, que también describió como un “Plan Cóndor de Lawfare”. Morales también agradeció al presidente venezolano, Nicolás Maduro, por prestarle los dos vehículos que utiliza para movilizarse.
