El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, presentó este miércoles ante el Congreso un proyecto de ley para combatir la creación, financiamiento y entrenamiento de grupos mercenarios en el país. La iniciativa tuvo en cuenta la participación de 26 ciudadanos colombianos en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021, entre otros incidentes notorios.
El gobierno de izquierda del presidente Gustavo Petro busca así establecer reglas claras contra el reclutamiento y la financiación local de mercenarios, calificando estas actividades de delitos punibles.
Lo que buscamos es un marco claro que prohíba estas actividades en Colombia. No se debe permitir ni el entrenamiento ni el financiamiento de personas que puedan ser reclutadas como mercenarias en conflictos extranjeros, afirmó Murillo.
Hemos visto redes internacionales llegar a nuestro país y reclutar individuos con entrenamiento militar, que terminan firmando contratos peligrosos y luchando en ejércitos extranjeros, explicó también. En consecuencia, el gobierno necesita herramientas efectivas para combatir estas actividades en un intento de proteger a los ciudadanos vulnerables.
El ministro explicó asimismo que algunas personas que deseaban desvincularse de estos acuerdos terminaron dándose cuenta de que habían caído en una trampa.
Hay familias que están preocupadas por la suerte de sus seres queridos caídos en combate o desaparecidos, sostuvo el funcionario. Hasta ahora el gobierno no ha contado con los mecanismos adecuados para gestionar estas situaciones, subrayó, al tiempo que señaló que militares colombianos retirados han estado involucrados en la guerra en curso entre Rusia y Ucrania. Hemos intentado hacer reclamos a través de Cancillería y embajadas, pero la falta de instrumentos sólidos nos ha impedido actuar con la contundencia necesaria, detalló.
El proyecto de Murillo busca aprobar la Convención Internacional de las Naciones Unidas contra el Reclutamiento, Utilización, Financiamiento y Entrenamiento de Mercenarios, del 4 de diciembre de 1989. Necesitamos herramientas para enfrentar a las organizaciones que instrumentalizan a personas bien educadas, bien entrenadas en el ámbito militar y de seguridad, reclutarlos y llevarlos a guerras que no tienen nada que ver con esa gente ni con nosotros, subrayó.
De aprobarse, el proyecto permitiría a Colombia criminalizar, procesar y extraditar, de ser necesario, a estos mercenarios, así como tipificar delitos específicos por los actos cometidos por estas personas para combatir tales actividades y adoptar medidas públicas apropiadas.