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Honduras sigue el ejemplo de El Salvador en la lucha contra la delincuencia
Xiomara Castro ya decretó un estado de excepción parcial que logró muy poco para frenar la violencia La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha emprendido una serie de reformas en materia de seguridad, conocidas colectivamente como el Plan de Solución contra la Delincuencia, que en cierto modo se asemejan a las del vecino El Salvador de Nayib Bukele, según se informó en Tegucigalpa.
El Plan de Solución contra la Delincuencia fue elaborado tras una reunión entre Castro y el Consejo de Seguridad, en la que participaron representantes de los tres poderes del Estado, la Fiscalía General de la República, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
En un mensaje en cadena nacional, Castro ordenó la construcción inmediata de un Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) con capacidad para 20.000 reos en una zona despoblada entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, al este del país.
La mandataria instruyó el despliegue de la PMOP en los municipios con mayor incidencia de sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y lavado de dinero por parte de bandas del crimen organizado.
Según el jefe del Estado Mayor Conjunto, Tito Livio Moreno, los reclusos que actualmente se encuentran confinados en el sistema penitenciario nacional y que han sido procesados por estos delitos, serán trasladados a la CRE lo antes posible.
Además, en breve se licitará la construcción de una prisión para 2.000 reclusos de alta peligrosidad en Islas del Cisne.
El plan de Castro también incluye la captura inmediata de autores intelectuales, cabecillas y miembros de estructuras criminales y bandas de narcotraficantes. Asimismo, el Gobierno ordenó la destrucción de plantaciones de hoja de coca y marihuana, y también de centros de procesamiento de drogas y sustancias prohibidas.
El Congreso Nacional reformará el Código Penal para calificar de terroristas a todos aquellos que pertenezcan a maras, pandillas y grupos del crimen organizado que cometan delitos de sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y lavado de activos vinculados a los mismos.
También se va a legislar sobre las tarjetas SIM de los teléfonos móviles, así como sobre la interferencia de las comunicaciones en los centros penitenciarios, al tiempo que se vigilarán las transferencias de dinero a través de monederos electrónicos posiblemente relacionadas con chantajes y secuestros. El Congreso también endurecerá las penas por delitos contra las fuerzas del orden y las tropas militares, así como contra jueces, fiscales y su personal auxiliar.
Castro ya decretó en diciembre de 2022 un estado de excepción parcial para combatir la delincuencia, que ha mostrado “escasos resultados y denuncias de violaciones de derechos humanos”.
Según el Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de la Tortura (CPTRT), las cárceles hondureñas albergan actualmente a unos 21.000 reclusos en 25 centros donde el hacinamiento es un problema recurrente, que ha provocado tiroteos incluso en prisiones de máxima seguridad.
Amnistía Internacional denunció en diciembre del año pasado que Castro estaba “siguiendo la misma estrategia impuesta hace casi dos años por Nayib Bukele en El Salvador, también con terribles consecuencias”.
