Brasil se ha adherido a la Convención de Estrasburgo sobre el Traslado de Personas Condenadas, que se aplica a cualquier solicitud que involucre a países que hayan ratificado el tratado. El acuerdo busca facilitar la reinserción social del condenado, dando a extranjeros que han cometido delitos en otras jurisdicciones la posibilidad de cumplir su pena en sus países de origen, explicó el Ministerio de Justicia de Brasil.
La iniciativa también ha sido ideada para superar las barreras lingüísticas y evitar el distanciamiento físico de las familias y el entorno de estas personas.
El acuerdo fue firmado en Estrasburgo (Francia) el 21 de marzo de 1983 y en vigor desde el 1 de julio de 1985. Si bien el traslado de personas condenadas ya estaba previsto en la legislación brasileña por la Ley de Migración, el nuevo instrumento representa un paso adelante en la defensa de los derechos humanos a nivel global.
En adelante, la Convención podrá aplicarse a solicitudes de traslado de personas condenadas entre Brasil y cualquiera de los países que hayan adherido al tratado. El Ministerio de Justicia actuará a través del Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional de la Secretaría Nacional de Justicia (DRCI/Senajus), se explicó.
Hasta ahora, la Convención ha sido ratificada por 69 países, incluidos todos los europeos excepto Mónaco, además de 21 estados en otras partes del mundo como Australia, Canadá, India, Israel, Japón, Corea del Sur, México, Estados Unidos y ahora Brasil.