Ante la detención en Venezuela de la activista opositora Rocío San Miguel la semana pasada, los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay emitieron este jueves una declaración conjunta pidiendo su liberación.
Los gobiernos de Paraguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador y Uruguay expresan su profunda preocupación por la detención arbitraria de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel y hacen un enérgico llamado a las autoridades venezolanas para que la liberen inmediatamente y retiren las acusaciones formuladas, reza el documento.
Los cinco países también rechazaron las recientes medidas contra la Oficina de Asesoramiento Técnico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y exigieron el pleno respeto de los derechos humanos, el Estado de derecho y la convocatoria de elecciones transparentes, libres, democráticas y competitivas.
San Miguel ha sido acusada de conspirar para asesinar al presidente Nicolás Maduro. Su arresto se confirmó el pasado sábado, cuando ONGs y partidos de la oposición denunciaron su desaparición forzada.
Detenida en la infame sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) de Caracas conocida como El Helicoide, San Miguel ha sido acusada de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, según el Ministerio Público, que negó cualquier desaparición forzada.
Además de San Miguel, también fueron detenidos cinco de sus familiares y allegados, entre ellos su ex marido.
El Gobierno venezolano suspendió asimismo este jueves la oficina en Caracas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, por considerar que ha instrumentalizado su labor contra el Ejecutivo.