Un día antes del primer aniversario de los disturbios del 8 de enero de 2023 en Brasilia, cuando las sedes de los tres poderes del Estado fueron asaltadas por grupos antigubernamentales, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, insistió este domingo en que su predecesor, Jair Bolsonaro, estuvo detrás de todo.
Él lo planeó, cobardemente, y no tuvo el coraje de enfrentarlo, subrayó Lula. Creo que hay un responsable directo, que planeó todo esto y que cobardemente se escondió y se fue de Brasil de antemano, y ese fue el ex presidente de la República, dijo Lula, para quien el anterior mandatario intentó desmoralizar a la Justicia electoral en todo momento y desmoralizar a todas las instituciones posibles.
Salió [del país] y dejó que sus mandantes llevaran a cabo lo que hizo, prosiguió al tiempo que prometió que todos los implicados rendirán cuentas. No tenemos ninguna prisa. Lo que queremos es que se haga justicia, de hecho y de derecho, para que nadie se atreva a atentar de nuevo contra el proceso democrático, afirmó. Es gracias a la democracia que personas como yo llegamos a la Presidencia de la República, argumentó asimismo.
Tras los incidentes se produjeron numerosas detenciones y el Ministerio Público presentó cargos contra 1.390 sospechosos. Bolsonaro, inhabilitado por ocho años por abuso de poder y uso indebido de los medios de comunicación por deslegitimar el sistema electoral, está siendo investigado por su supuesta incitación a los ataques.
Según un sondeo de Quaest publicado por Folha de São Paulo, el 89% de los brasileños desaprueba los acontecimientos al cabo de un año, mientras que sólo el 6% afirma apoyar el levantamiento. Otro 4% no sabía o no quiso contestar entre los 2.012 entrevistados mayores de 16 años consultados entre el 14 y el 18 de diciembre. Quaest también les preguntó si creían que Bolsonaro estaba detrás: El 47% dijo que sí, y el 43% dijo que no.
En este momento, 66 personas siguen siendo investigadas por incitar, financiar y llevar a cabo los ataques, según la Agencia Brasil. Las cifras fueron recopiladas por la oficina del juez Alexandre de Moraes, que es el ponente del caso. El resto de los acusados fueron puestos en libertad bajo algunas medidas cautelares, como el uso de tobilleras electrónicas, la prohibición de salir del país, la suspensión de los permisos de armas y de los certificados de Coleccionista, Tirador Deportivo y Cazador (CAC), la entrega de sus pasaportes y comparecencias semanales ante los tribunales. Hasta ahora, el Supremo Tribunal Federal (STF) ha condenado a 25 acusados. Las penas oscilan entre 10 y 17 años de prisión por asociación criminal armada, abolición del estado democrático de derecho, golpe de Estado, daños cualificados y depredación de bienes federales protegidos.
Alrededor de 1.100 de los investigados se beneficiarían de un acuerdo de no enjuiciamiento (ANPP) y no serán acusados por la Procuraduría General de la República (PGR). La medida sólo se aplica a quienes fueron detenidos frente al cuartel general del ejército en Brasilia el 9 de enero, al día siguiente de las protestas, y no se aplicará a quienes participaron en la invasión y destrucción del cuartel.
Según el acuerdo, los acusados de delitos cometidos sin violencia o amenaza grave pueden confesar sus crímenes a cambio de medidas distintas de la prisión, como reparar los daños causados, entregar los bienes resultantes de los actos, pagar una multa y realizar trabajos comunitarios.
Las autoridades brasileñas tienen previsto celebrar este lunes un acto en el Senado para conmemorar los incidentes. Se llamará Democracia Inquebrantable. Se desplegarán 2.000 agentes de la Policía Militar y 250 de la Fuerza Nacional, según explicó el Ministro de Justicia en funciones, Ricardo Cappelli.
No hay ninguna posibilidad de que el 8 de enero de 2024 se repita lo que ocurrió el 8 de enero de 2023, subrayó Cappelli.