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Nueva legislación despenaliza la legítima defensa en Perú
La iniciativa fue planteada por la diputada Patricia Chirinos, del partido Avanza País El Congreso unicameral de Perú ha permitido el uso de la fuerza letal en caso de “peligro inminente”, en una medida para proteger a la ciudadanía. La presidenta Dina Boluarte ha promulgado la ley, según se informó en Lima.
Con la nueva norma, los peruanos podrán ejercer fuerza letal ante una situación de “peligro inminente” o legítima defensa y no serán procesados penalmente, se explicó.
La iniciativa fue planteada por la congresista Patricia Chirinos, del partido derechista Avanza País, alegando problemas de inseguridad, delincuencia y crimen organizado. Esta medida era necesaria y que la autodefensa es “un derecho que nos da la posibilidad de protegernos y proteger a nuestras familias”, argumentó.
El proyecto de ley especifica que los peruanos no serán responsables si utilizan la fuerza letal en caso de “peligro inminente” para “proteger su propia vida o la integridad propia o de terceros”. La norma pretende modificar el código penal y el alcance de la responsabilidad penal en estos casos.
La nueva ley suprime en casos de legítima defensa las medidas de prisión preventiva, que seguirán siendo aplicables siempre que se demuestre que se ha cometido un delito de forma intencionada.
Por ello, se tendrá en cuenta “la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor y los medios disponibles para la defensa”. Y también “la actitud hacia el agresor por parte de la persona que se defiende”, explicó la presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Janet Riva.
Ante el aumento de la inseguridad, que llevó a decretar el estado de excepción en varias regiones del país, el Primer Ministro Alberto Otárola subrayó que su país atraviesa “un momento de ruptura” que justifica nuevas medidas que implican la “suspensión de algunos derechos constitucionales”. Así, la Policía podrá intervenir en locales y domicilios, vulnerando el derecho a la inviolabilidad del domicilio, para detectar y desarticular organizaciones criminales o mafias.
