Las autoridades ecuatorianas anunciaron el viernes la detención de tres personas sospechosas de estar implicadas en el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, y de una joven el 23 de julio, cuando hombres armados abrieron fuego en una obra municipal.
Se detuvo a tres presuntos autores materiales del crimen del alcalde de Manta, dijo el ministro del Interior, Juan Zapata, durante una rueda de prensa. Agregó que entre los arrestados hay un dominicano y dos ecuatorianos, entre ellos una mujer. Hay un cuarto miembro involucrado en el crimen, pero está preso, agregó el ministro sin dar más detalles. El jefe de la Policía, Fausto Salinas, dijo que se habían encontrado llamadas vinculantes entre el recluso y los otros cómplices. El día del ataque, un presunto agresor resultó herido y fue trasladado a un hospital bajo custodia.
Manabí es la segunda provincia con más asesinatos en Ecuador, detrás de Guayas, según la unidad policial Dinased, encargada de investigar las muertes violentas y las desapariciones. Entre enero y junio se registraron 370 homicidios en esa provincia.
Mientras tanto, los familiares del candidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio dijeron que el presidente Guillermo Lasso era culpable de asesinato por omisión dolosa.
El abogado Marco Yaulema, que representa a la familia, cuestionó los protocolos de seguridad aplicados cuando el candidato fue asesinado mientras ingresaba a la parte trasera de una camioneta de doble cabina sin blindaje. Cuando ya estaba en el asiento trasero, recibió dos balazos en la cara y uno en el cerebro. Hubo una omisión dolosa, el Estado ecuatoriano no cumplió con su rol de garante, dijo Yaulema. La denuncia también apunta a Zapata y Salinas, entre otros funcionarios. Yaulema señaló asimismo que la familia y los allegados a Villavicencio necesitan protección urgente, y advirtió que si algo les sucede, el Estado será responsable por omisión.
Tras estas declaraciones, el Gobierno ecuatoriano dijo en un comunicado que era inaceptable considerar que las acciones del Presidente, del Ministro del Interior y del Comandante General de la Policía fueron 'premeditadas' con el propósito de 'abandonar a un candidato presidencial'.
La administración de Lasso pidió que no se politice el caso y que se permita a la justicia avanzar en las investigaciones para llegar a una verdad procesal.
Es lo justo para la democracia, para la sociedad, para la familia del candidato y para la memoria de Fernando Villavicencio, por quien el Gobierno Nacional siempre ha guardado la más alta consideración y profundo respeto, reza también el comunicado.
Aún se desconoce quién fue el autor intelectual del asesinato, perpetrado por un grupo de al menos siete colombianos. Seis de ellos fueron detenidos pocas horas después y se encuentran bajo custodia, mientras que otro murió presumiblemente en un intercambio de disparos con el personal de seguridad que custodiaba a Villavicencio.