Las autoridades ecuatorianas decretaron el lunes un nuevo estado de excepción y toque de queda en dos provincias y una ciudad tras una escalada de actos de violencia, entre ellos el asesinato del alcalde de Manta, la tercera ciudad del país.
El presidente Guillermo Lasso anunció la decisión del Comité de Seguridad desde Durán, municipio del área metropolitana de Guayaquil, que registra uno de los mayores índices de violencia e inseguridad del país. El estado de excepción por 60 días y el toque de queda nocturno se impusieron también en las provincias de Manabí (donde se encuentra Manta) y Los Ríos.
En las tres jurisdicciones, el toque de queda estará vigente desde las 22:00 hasta las 05:00, hora local.
Los estados de excepción han sido recurrentes desde el inicio del mandato presidencial de Lasso, en mayo de 2021, en un intento por sofocar los picos de violencia de la crisis de inseguridad que vive Ecuador.
Varios candidatos han paralizado sus campañas en señal de luto tras el asesinato del alcalde Agustín Intriago.
Hasta el momento se ha detenido a una persona por el crimen, un ciudadano venezolano que se encuentra hospitalizado tras resultar herido en el ataque, mientras que la policía también ha podido recuperar cuatro teléfonos móviles que están siendo analizados, así como los restos de los disparos efectuados contra el alcalde fallecido.
El caso de Intriago se suma al atentado del pasado mes de mayo contra el alcalde de Durán, Luis Chonillo, que este lunes participó en la Comisión de Seguridad, y a los asesinatos ocurridos en Ecuador en los últimos meses, entre ellos el del aspirante al Congreso Rider Sánchez en la provincia costera de Esmeraldas.
La Comisión de Seguridad de Ecuador volverá a reunirse el martes en Guayaquil con representantes de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), el Consorcio de Gobiernos Provinciales Autónomos del Ecuador (Congope) y el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare).
La AME tiene previsto pronunciarse sobre la situación de violencia y amenazas que sufren algunas autoridades locales del país por parte de la delincuencia y el crimen organizado.
Ecuador cerró 2022 con la tasa de muertes violentas más alta de su historia, al registrar 25,32 por cada 100.000 habitantes, impulsada por la delincuencia callejera y organizada, vinculada en gran medida al narcotráfico.
Al mismo tiempo, Ecuador también ha activado los protocolos de seguridad en las cárceles, ya que los reclusos mantienen secuestrados a unos 90 funcionarios penitenciarios en los centros penitenciarios de Cotopaxi, Cañar, Azuay, El Oro y Napo, según la oficina de prisiones del SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Adultos Privados de Libertad y Adolescentes Infractores).
El SNAI indicó en un comunicado que en 13 centros penitenciarios de las provincias de Imbabura, Napo, Chimborazo, Tungurahua, Azuay, Cañar, El Oro, Guayas, Cotopaxi y Pichincha hay personas en huelga de hambre. El organismo enfatizó que se están tomando medidas para restablecer la normalidad.
El organismo también indicó que el número de personas privadas de la libertad fallecidas a causa de los enfrentamientos entre Grupos Delictivos Organizados (GDO) se mantiene en seis y el de heridos en once.
En la nación se ha registrado una ola de violencia que afecta al sistema penitenciario y a los ciudadanos en varias regiones del país y hasta el momento, el Estado no ha podido controlar las situaciones de violencia generadas por supuestas bandas de narcotraficantes que se disputan el territorio.
Hasta el domingo, los internos mantenían esta medida en diez de las 36 cárceles del país, incluida la penitenciaría de Guayaquil, también conocida como Guayas 1.
Las autoridades promueven el diálogo con los voceros de los centros penitenciarios para conocer las razones de las medidas, señaló el SNAI.
La huelga de hambre se inició tras conocerse un nuevo y trágico enfrentamiento en la penitenciaría de Guayaquil. El domingo, seis reclusos murieron y once resultaron heridos en enfrentamientos entre bandas rivales. Se disputan el control de las prisiones y territorios para la venta de droga.
Desde febrero de 2021 se han producido una docena de incidentes carcelarios masivos que se han cobrado la vida de más de 420 reclusos. Estos enfrentamientos entre presos en Ecuador han dejado un rastro de cuerpos calcinados, desmembrados y decapitados.
Un censo reciente estableció que las 36 prisiones locales - con capacidad para unas 30.000 personas - albergan una población de 31.321 reclusos, entre ellos 3.245 extranjeros. La mayoría de las detenciones estaban relacionadas con el narcotráfico.
Un comité de paz calificó el año pasado las cárceles de Ecuador de almacenes de seres humanos y centros de tortura.