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Perú levanta estado de emergencia en Lima
La violencia en la capital del país ha remitido, según Otárola El Gobierno peruano levantó el jueves el estado de emergencia decretado en Lima en medio de la creciente violencia desde la destitución el 7 de diciembre del entonces presidente Pedro Castillo Terrones, anunció el primer ministro Alberto Otárola. El Gobierno de Castillo también había decretado esa medida en Lima y su vecina Callao para combatir la delincuencia.
Otárola explicó que esa decisión se había tomado ante la tendencia a la baja de las protestas antigubernamentales, pero las condiciones no eran las mismas en la provincia de Ica y en algunas carreteras donde seguían vigentes esas disposiciones restrictivas.
“Se ha acordado en Consejo de Ministros levantar el estado de emergencia en el departamento de Lima. Esta es una medida muy importante para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos”, declaró Otárola a la prensa.
El primer ministro agregó que esta decisión se tomó porque ya han remitido “las condiciones y consideraciones” que llevaron al Ejecutivo a establecer esta medida en Lima, donde vive casi un tercio de la población del país y a donde cientos de ciudadanos de otras regiones viajaron en febrero pasado para protestar contra la gestión de la presidenta Dina Boluarte.
Pero el Consejo de Ministros también aprobó un decreto supremo que prorroga el estado de emergencia en la provincia de Ica, limítrofe con Lima, y en algunas carreteras de la red vial nacional.
En Ica, “aún queda trabajo adicional de seguridad y desarrollo”, mientras que la prórroga de la medida en carreteras “permitirá a la Policía Nacional seguir manteniendo el orden y desbloqueando vías como ha venido trabajando exitosamente en las últimas semanas”, señaló también Otárola.
Durante el estado de emergencia se restringen o suspenden los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales, y la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene el orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en el caso de la región sureña de Puno, fronteriza con Bolivia y bastión de las manifestaciones, el control es asumido por los militares.
Desde el 7 de diciembre, 76 personas han muerto en sucesos violentos. La mayoría de las víctimas eran manifestantes que se enfrentaron a las fuerzas del orden.
