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Estado argentino admite responsabilidad de impunidad y encubrimiento en caso AMIA
La admisión de Argentina conmocionó a los miembros del tribunal. Foto: Enrique G. Medina / EFE El Ministerio de Justicia de Argentina admitió este viernes, durante una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Montevideo, que el Estado “violó derechos y no pudo esclarecer la verdad” en el atentado de 1994 contra la asociación benéfica judía AMIA en Buenos Aires.
El Estado Nacional reconoció su responsabilidad internacional por las violaciones “al derecho a la vida, a la seguridad y a la no discriminación” de las víctimas del atentado a la AMIA y deberá pagar indemnizaciones por unos 700.000 dólares.
Al hablar en nombre de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, Natalia D'Alessandro admitió que “quienes estaban a cargo del poder público: fiscales, jueces, fuerzas de seguridad, agentes de inteligencia y el Poder Ejecutivo en ese momento tomaron la decisión de encubrir la verdad y torcer la investigación, acusando a inocentes y protegiendo a personas cercanas al gobierno”.
Admitió que se cometió “la peor bajeza institucional desde el retorno de la democracia” cuando se le pagó al ladrón de autos Carlos Telleldín 400 mil dólares para que acusara falsamente a un grupo de policías del atentado.
El Ministerio también admitió que el Estado fue corrupto: no tomó las medidas de protección adecuadas para la AMIA, no protegió a las víctimas contra un riesgo específico que corrían y los agentes de inteligencia no hicieron nada con la información que recibieron sobre Mohsen Rabbani, quien luego fue imputado en la causa AMIA.
La funcionaria también responsabilizó al Estado por la violación de los derechos a la protección judicial y a las garantías de acceso a la verdad y a la justicia, y aseguró que “Argentina es responsable porque las autoridades no buscaron descubrir la verdad, sino proteger a personas cercanas al poder de la época”.
Tras lamentar los hechos y alabar la coherencia ética de Memoria Activa, el Ministerio de Justicia recordó que el atentado era un crimen de lesa humanidad y, por tanto, los responsables “no pueden escudarse en la prescripción”.
La Corte dictará en los próximos meses una sentencia contra Argentina, que incluye obligaciones institucionales en relación con la causa AMIA; el funcionamiento de la justicia y reparaciones económicas, que incluyen indemnizaciones, gastos, viajes y honorarios de abogados, solicitadas por los querellantes Memoria Activa y CELS y que suman unos 700.000 dólares.
El vicepresidente de la CIDH, Humberto Sierra Porto, dijo tener “sentimientos complejos porque el reconocimiento del Estado es más duro que la propia denuncia de las víctimas, es un asunto que tiene una dimensión fuera de lo común”.
El magistrado dijo que no basta con que el Estado reconozca o espere a que la Corte le diga lo que tiene que hacer, sino que es el propio Estado el que debe actuar. “Sólo los argentinos pueden llegar a acuerdos en una materia tan sensible como la organización judicial”, dijo.
El presidente de la Corte, el uruguayo Ricardo Pérez Manrique, agregó que Argentina no debe esperar la sentencia para cambiar lo que reclama.
La abogada del CELS, Paula Litvachky, dijo que “quedó claro en esta audiencia que el Estado por sí mismo no fue capaz de averiguar la verdad” y que “tanto con acciones como con negligencia, privó a todos de la verdad histórica.”
“Estamos aquí por todas las vidas perdidas, por los que se vieron obligados a vivir con tanta ausencia y por las generaciones venideras. Estamos aquí porque no queremos tener que luchar durante 30 años para conseguir lo que nos corresponde”, añadió.
