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Manifestación contra Pfizer en Montevideo frente a audiencia de juez sobre vacunas
Las peticiones del Gobierno de abandonar el caso o cambiar de juez fueron rechazadas. Foto: Dante Fernández / Foco Uy Un grupo de manifestantes antivacunas uruguayos se concentró este miércoles en la puerta del juzgado en apoyo a la decisión del juez subrogante Alejandro Recarey de solicitar a principios de esta semana información al Ministerio de Salud Pública (MSP) y al laboratorio Pfizer sobre las vacunas anti-COVID-19.
En respuesta a una medida cautelar solicitada por el abogado Maximiliano Dentone, el magistrado aceptó que el gobierno uruguayo debía dar a conocer los detalles del acuerdo para la compra de los químicos y que el fabricante debía revelar los componentes del medicamento vendido.
El diputado César Vega estuvo entre los manifestantes que se presentaron ante la audiencia judicial en Montevideo portando pancartas de apoyo a quienes se oponen a la administración de la medicación experimental a los niños.
Dentone, que también ha actuado como abogado de Vega en un caso de difamación, presentó una solicitud para detener la vacunación contra el COVID-19 entre los niños y el caso cayó en el escritorio de Recarey, que estaba de guardia durante el receso judicial de invierno.
Según fuentes judiciales, el magistrado también se interesó por evaluar la información de Pfizer sobre los posibles efectos secundarios del medicamento.
El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que el gobierno uruguayo “va a dar toda la información que tenga que dar” sobre las vacunas. “Si algo hemos hecho en estos dos años difíciles que hemos sufrido todos los uruguayos es ser transparentes con la gente”, subrayó Delgado.
Recarey también aceptó tramitar la denuncia de dos mujeres argentinas no vacunadas que se sintieron discriminadas cuando se les pidió un test de PCR negativo para ingresar al país.
Antes de la audiencia, el MSP y la Presidencia uruguaya argumentaron que Recarey se había parcializado con respecto a la pandemia y que no debía pronunciarse sobre el pedido de suspender la vacunación de los niños. Sostuvieron en un documento presentado en la mañana del miércoles que Recarey no era imparcial y que el caso debía ser tratado por “un juez que no haya emitido juicios de valor previos, lo que podría empañar el caso en debate y producir violaciones al debido proceso”.
Afirmaron que Recarey había emitido opiniones previas, “tanto relativizando los efectos y la gravedad de la pandemia, como cuestionando el papel de la ciencia, de la Administración, de los profesionales de la salud y de determinadas empresas, entre las que estarían los laboratorios”.
Los abogados del Gobierno esgrimieron asimismo que no se cumplían los requisitos legales para un amparo, como la legitimación de los demandantes y el tiempo transcurrido desde el inicio de la vacunación de los niños, entre otras cuestiones legales.
Los demandantes tienen “treinta días desde la fecha en que se produjo el acto, hecho u omisión”, argumentaron los demandados, que añadieron que Dentone había tardado “13 meses ” desde que el primer niño uruguayo fue vacunado contra el COVID-19 con el medicamento de Pfizer.
El equipo jurídico del MSP argumentó que había “una evidente indeterminación de los titulares de la acción en cuestión y que Dentone representaba ”intereses difusos”.
La petición del Gobierno fue rechazada por el magistrado, que quedó así a cargo del caso.
