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Bolivia producirá pasta de dientes a base de hojas de coca

En su forma natural, la coca no es un estupefaciente y está largamente ligada a las tradiciones bolivianas

El gobierno boliviano anunció este martes la creación de la Empresa Pública Productiva de Industrialización, de carácter estatal, para iniciar la producción de una nueva marca de pasta dental elaborada a partir de la hoja de coca, para cumplir con el mandato constitucional de capitalizar un recurso natural autóctono y ancestral, que es patrimonio cultural del país.

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, informó que la industrialización de la hoja de coca boliviana bajo la marca Kokabol implica una inversión de 9 millones de dólares. La planta principal estará ubicada en el municipio de Sacaba, en el departamento de Cochabamba.

Huanca explicó que se espera que la pasta de dientes genere valor añadido en beneficio de la población boliviana. Kokabol procesará las hojas de coca para aprovechar sus propiedades nutricionales y medicinales, explicó también Huanca.

El presidente Luis Arce Catacora dijo la semana pasada que la creación de la empresa buscaba “desarrollar la industria química básica de la hoja de coca” y “transformar y comercializar productos derivados de ella”. El jefe de Estado señaló además que Kokabol realizará “investigación y desarrollo tecnológico productivo de la hoja de coca y plantas medicinales para su industrialización” como parte de la política de sustitución de importaciones del país.

Bajo el mandato del ex presidente Evo Morales, el uso de la coca ha sido un tema de debate público. Morales ha insistido en que la coca no era cocaína y que pertenecía al patrimonio cultural que la utiliza con fines medicinales, rituales y tradicionales, a pesar del revuelo internacional que la relaciona con la producción de drogas.

Se sabe que Bolivia, Colombia y Perú utilizan la coca para la producción de cocaína. Sin embargo, desde el gobierno de Morales, el país disminuye su cultivo, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).

En 2009, la Constitución boliviana consagró al Estado boliviano como protector de la “coca nativa y ancestral” como “factor de cohesión social” que “en su estado natural no es un estupefaciente”.

En enero de 2010, La Paz se retiró temporalmente de la Convención de Viena porque uno de los artículos de ese instrumento vetaba el masticado de coca y pedía su eliminación en un plazo no mayor a 25 años, lo que implicaba la censura de esta práctica ancestral también conocida como “boleo”, “pijcheo” o “coqueo”.

En 2012, el Gobierno boliviano pidió a la ONU que dejara de considerar la coca como peligrosa y solicitó a todos los países que repararan el “daño histórico” de haber incluido la hoja en la lista de estupefacientes de la Convención de Viena.

Al año siguiente, en julio de 2013, se inauguró la primera fábrica de procesamiento de esta planta en Bolivia. En diciembre de ese mismo año, Bolivia se adhirió a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas, con la reserva de permitir el masticado tradicional de la hoja de coca en todo su territorio. En 2016, la masticación de la hoja de coca fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia.

En marzo de 2017 entró en vigor la Ley General de la Hoja de Coca, para regular la “revalorización, producción, circulación, transporte, comercialización, consumo, investigación, industrialización y promoción de la coca en su estado natural.” A partir de entonces, el gobierno boliviano amplió la superficie de plantaciones de hoja de coca en el país a 22.000 hectáreas con el fin de fomentar la industrialización de los productos elaborados con esta planta milenaria.

Sin embargo, la Oficina de la UNODC advirtió en 2021 sobre el crecimiento de los cultivos ilícitos de coca en 2020 y recomendó redoblar los esfuerzos de erradicación. Al respecto, la administración de Arce se comprometió a volver a los estándares internacionales de Bolivia y erradicar unas 9.000 hectáreas de cultivos ilícitos por año.