La Comisión de la Verdad de Colombia ha pedido al presidente electo, Gustavo Petro, que ponga fin al servicio militar obligatorio una vez que asuma el cargo el 7 de agosto, junto con una amplia transformación de las Fuerzas Armadas, centrada en el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional.
Estas recomendaciones forman parte de un amplio informe presentado al futuro jefe de Estado para abordar los prolongados conflictos del país con los grupos guerrilleros. El informe ha sido supervisado por un grupo de 11 miembros de la comisión y se basa en el acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux, explicó que a su equipo se le había encomendado no sólo investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos perpetradas por uno y otro bando entre 1958 y 2016, sino también documentar cómo el conflicto había afectado a los derechos sociales, económicos, políticos, culturales y medioambientales del país, para luego emitir las correspondientes recomendaciones.
El punto más destacado del informe era el proyecto de separación de la policía nacional del Ministerio de Defensa. Otras propuestas sugerían transferir las violaciones de los derechos humanos y los delitos cometidos por la policía de los tribunales militares a los civiles, además de suprimir el servicio militar obligatorio, revisar el presupuesto militar para reducirlo y acabar con los acuerdos entre fuerzas militares y las empresas privadas, como los que existen en las zonas rurales, donde se contratan soldados para proteger a las compañías petroleras y otras entidades.
También se pidió a la comisión que analizara los factores que prolongaron el conflicto, entre ellos el auge de los grupos paramilitares y el rápido crecimiento de lo que se convertiría en una todopoderosa industria de la cocaína.
El clérigo también explicó que el documento había tardado 4 años en elaborarse y que en él se habían realizado más de 14.000 entrevistas individuales y de grupo, muchas de las cuales se llevaron a cabo en 28 Casas de la Verdad instaladas en todo el país. También agradeció a las numerosas víctimas que han alzado la voz, venciendo el miedo, para contar sus historias.
Alrededor de 260.000 personas fueron asesinadas, la mayoría de ellas civiles, a lo largo de estos años. Y más de cinco millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de la violencia.
El informe se presentó durante una ceremonia en la que la máxima autoridad presente fue la Vicepresidenta electa Francia Márquez.