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Un Comité de la ONU arremete contra el poder judicial de Bolivia por falta de independencia

Además de Bolivia, otros países que aparecen en el informe del viernes son Kirguistán, Lituania, Nigeria, Serbia y Suecia.

El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT) publicó este viernes una serie de hallazgos que afectan a las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia, así como a las de otros países de otros continentes (incluida Suecia).

El informe del CAT destaca los aspectos positivos de la implementación en cada país de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, junto con muchas cuestiones que preocupan al organismo a partir de las deficiencias detectadas.

En el caso de Bolivia, el Comité expresó su preocupación por el avance insuficiente en la investigación de las presuntas torturas, maltratos y uso excesivo de la fuerza durante la crisis de 2019-2020 y pidió a los funcionarios actuales que investigaran todos estos hechos, procesen y sancionen a los infractores. El CAT también destacó la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público e instó al Gobierno a emprender una reforma urgente en ese sentido.

El organismo con sede en Ginebra también dijo en su tercer informe sobre Bolivia que dicha falta de independencia tiene consecuencias en “procesos penales contra opositores políticos” a través de los delitos penales de sedición y terrorismo. El documento también sugirió que las autoridades judiciales sean designadas en base al mérito, para lo cual el país necesita “llevar a cabo una reforma urgente a su sistema de justicia”.

Bolivia debe revisar los mecanismos actuales mediante los cuales se selecciona o destituye a jueces y fiscales, señaló el documento, al tiempo que destacó que los casos judiciales que involucran cargos por sedición y terrorismo están “basados en conceptos extremadamente vagos”. Hay al menos una decena de personas en Bolivia en prisión preventiva por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo en el caso del presunto golpe de Estado de 2019, en particular la expresidenta Jeanine Áñez.

El Comité también ha solicitado a Bolivia que revise su legislación antiterrorista, en particular los delitos de sedición y terrorismo, “para garantizar que se ajusten al principio de legalidad y las normas internacionales de derechos humanos”.

Varias organizaciones internacionales como la ONU y Human Rights Watch (HRW) han denunciado el uso de enjuiciamientos en Bolivia como un instrumento de persecución de opositores políticos, lo que comúnmente se conoce como lawfare.

Ya en agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó las graves violaciones de derechos humanos cometidas entre septiembre y diciembre de 2019, constató una recurrente falta de independencia en la administración de justicia en Bolivia, un problema estructural que se remonta a mucho antes de aquellos tiempos.

El Gobierno de Bolivia ha presentado un plan de reforma judicial que hasta el momento no ha sido bienvenido entre los expertos en la materia.
Además de Bolivia, otros países que aparecen en el informe del viernes son Kirguistán, Lituania, Nigeria, Serbia y Suecia.