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Manifestante cubano del 11 y 12 de julio condenado a 10 años de cárcel

El gobierno de Cuba enfrenta un nuevo desafío el 15 de noviembre con otra manifestación masiva

Un tribunal cubano condenó a Roberto Pérez Fonseca a 10 años de prisión por presuntamente agredir a policías “con piedras y botellas” durante las manifestaciones a nivel nacional del 11 y 12 de julio, se informó este sábado.

Según grupos de derechos humanos que monitorean la situación cubana, fue la sentencia más larga impuesta a un detenido en relación con las mencionadas protestas.

El Juzgado Municipal Popular de San José de las Lajas, localidad a 35 km de La Habana, impuso a Roberto Pérez Fonseca, de 38 años, la “sanción mancomunada y única de 10 años” de prisión por los delitos de desacato, atentado, desorden público e instigación a cometer un delito”, según sentencia del 6 de octubre.

El tribunal basó su decisión en el testimonio del policía Jorge Luis García Montero, único testigo digno de ser escuchado por los magistrados, pues los propuestos por la defensa fueron desestimados por “parciales” en razón de sus vínculos con Pérez Fonseca.

Pérez arrojó una piedra a un policía, “provocándole abrasiones que no requirieron asistencia médica”, y arrojó otra piedra que golpeó a una patrulla “que no mostró ningún daño”, además de desconocer la orden de confinamiento por COVID-19, indica el documento. El policía afirmó que Pérez Fonseca incitó a otras personas a arrojar piedras y botellas el día de las protestas. Dijo que el acusado le arrojó una piedra que lo golpeó en la muñeca y otra que golpeó un auto de la policía, según el documento de sentencia.

Pero Alberto Ortega, hermano del imputado, afirmó que la condena fue en realidad por haber destruido una foto de Fidel Castro. Pérez Fonseca, padre de dos hijos, fue arrestado en la casa de su madre el 16 de julio.

La sentencia “es excesiva y viola todas las garantías del debido proceso”, dijo Laritza Diversent, directora de la ONG de derechos humanos Cubalex, con sede en Miami. Las manifestaciones del 11 y 12 de julio en unas 50 ciudades dejaron un muerto, decenas de heridos y 1.130 detenidos, de los cuales más de 560 siguen en prisión, según Cubalex.

El fallo se produjo pocas semanas antes de que se celebre una manifestación masiva el 15 de noviembre. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha acusado al gobierno de Estados Unidos de “arrogancia y frustración” por su advertencia de aplicar sanciones si La Habana procesa a los organizadores de la marcha pacífica, que ya ha sido calificada de “ilegal” y sus promotores han sido advertidos de que serían procesados si se apegan a su decisión de marchar.

Human Rights Watch (HRW) ha denunciado una “estrategia brutal de represión” del gobierno cubano tras las protestas del 11 de julio, con al menos 130 casos de detenciones arbitrarias, maltrato y juicios falsos.

El gobierno de Cuba ha sostenido que las protestas de julio fueron parte de una estrategia respaldada por Estados Unidos para derrocar al régimen y Díaz-Canel dijo en Twitter que Estados Unidos quería impunidad para los “operadores” que intentaron desestabilizar el estado comunista. “Cuando el gobierno de Estados Unidos habla, estamos escuchando del mismo gobierno que financia y organiza el esquema desestabilizador”, dijo Díaz-Canel en Twitter. “Basta de amenazas”.

La madre de Pérez Fonseca, Liset Fonseca, insistió en que las autoridades cubanas “tenían que hacer algo” para hacer de su hijo un ejemplo.