Apenas un día después de que se informara que el partido gobernante de Bolivia (Movimiento al Socialismo) había abierto una oficina en territorio peruano, el presidente de Perú, Pedro Castillo Terrones, presentó la petición de estilo ante el Congreso para que se le permita viajar a La Paz.
El mandatario tiene previsto participar el 30 de octubre venidero en la “Reunión Presidencial y VI Gabinete Ministerial Binacional Bolivia - Perú”.
El documento, firmado por la Primera Ministra Mirtha Vásquez, señala que el evento constituye la máxima instancia de diálogo y coordinación política con Bolivia y explica que las discusiones se centrarán en cuatro ejes temáticos: medio ambiente y recursos hídricos transfronterizos; seguridad y defensa; desarrollo económico, políticas sociales y fortalecimiento institucional; e infraestructura para la integración y el desarrollo.
El fortalecimiento de los lazos entre los dos países se analizó durante la toma de posesión de Castillo el 28 de julio con el presidente de Bolivia, Luis Arce. Pero también se dice que se han llevado a cabo otras conversaciones menos formales con el exlíder boliviano Evo Morales.
El Congreso debe decidir si concede o no la solicitud de que Castillo abandone el país. Al presidente ya se le permitió viajar a México para una Cumbre de la Celac y también a Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En un escenario donde una autorización para que un jefe de Estado salga del país en gira oficial debería ser una mera formalidad pero en cambio ocupa los titulares, Castillo ha enviado proyectos de ley clave para debate parlamentario sobre la cuestión de confianza y una reforma constitucional para casos de vacante presidencial.
Castillo considera que esos dos temas son de importancia crítica para garantizar la gobernabilidad en un momento en el que su situación está bastante tirante tanto con la oposición como con Perú Libre, el partido bajo el cual llegó a la presidencia.
Los proyectos de ley buscan eliminar la incapacidad moral como causa de destitución de un presidente y también regular sobre la llamada cuestión de confianza hacia los miembros del gabinete, así como también sobre la vacante presidencial.
La administración Castillo busca así evitar que se aprueben cambios propuestos por la oposición sobre la misma problemática que, según Vásquez, pretenden regular sólo una parte del problema, lo que constituiría un gran riesgo ya que generaría un peligroso desequilibrio de poderes.
El oficialismo y los bloques aliados argumentan que el mecanismo adecuado para modificar el contenido de los artículos de la Constitución es a través de una ley de reforma constitucional y no a través de una ley, en línea con lo que propone el gobierno de Castillo.
Según la Constitución actual, el Congreso debe ratificar el gabinete de gobierno en sesión 30 días después de asumir el cargo. Si esto no ocurre después de dos intentos, el presidente está facultado -aunque no obligado- a recurrir a la cuestión de confianza, disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones.