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STF de Brasil suspende revisión de caso que involucra tierras ancestrales
De Moraes, némesis de Bolsonaro, necesita “más tiempo” El Tribunal Superior Federal de Brasil (STF) decidió este miércoles suspender el debate de un caso de tierras que involucra a grupos indígenas, a pedido de uno de los magistrados, que dijo necesitar “más tiempo”.
Después de que el némesis judicial del presidente Jair Bolsonaro, Alexander De Moraes, hiciera esa solicitud, no hay una nueva fecha para revisar el asunto que, según los grupos indígenas, es vital para su supervivencia.
El tribunal está sopesando si un gobierno estatal aplicó una interpretación demasiado estrecha de los derechos indígenas al reconocer únicamente las tierras tribales ocupadas por sus comunidades en el momento en que se ratificó la constitución de Brasil en 1988.
Los grupos de derechos indígenas dicen que la regla era inconstitucional porque no había un marco de tiempo en la constitución de 1988, que garantizaba el derecho a las tierras ancestrales.
Dos magistrados del tribunal de 11 miembros han fallado hasta ahora, con un juez a favor de una fecha límite para los reclamos de tierras, mientras que otro ha votado para poner fin al plazo.
Una derrota en los tribunales para los indígenas sentaría un precedente para el retroceso de los derechos nativos, en consonancia con la interpretación de Bolsonaro, quien recibe apoyo del sector agrícola, ampliamente a favor del marco temporal, con el argumento de que tal restricción brinda seguridad jurídica a los agricultores, muchos de los cuales han vivido durante décadas en tierras que alguna vez fueron habitadas por indígenas.
Los abogados de los pueblos indígenas, que hoy suman unos 850.000 en Brasil, dicen que la Constitución que grabó en piedra sus derechos a las tierras ancestrales no menciona un marco de tiempo. Sus antepasados fueron expulsados de sus terrenos de caza cuando colonos europeos llegaron hace siglos, o bien fueron expulsados de las codiciadas tierras de cultivo más recientemente, pero antes del límite de 1988.
Familias de agricultores blancos han vivido durante décadas en tierras que ahora reclaman las comunidades aborígenes, e incluso poseen títulos en algunos casos que demuestran que se las compraron al estado.
“Si la Corte Suprema no mantiene el plazo de 1988 ... acabará con la agroindustria en Brasil, no habrá ningún incentivo para invertir en agricultura”, dijo Bolsonaro recientemente.
