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Exjefe de policía boliviano encarcelado por muertes en 2019 que los fiscales en principio optaron por no investigar
Fuad Vaca permanecerá detenido al menos seis meses durante las investigaciones El exjefe de la Policía de Bolivia, Javier Fuad Vaca, fue puesto bajo arresto preventivo este viernes por su presunta participación en crímenes durante el levantamiento de 2019 que resultó en el derrocamiento del presidente Evo Morales.
La actual orden de detención tiene una vigencia de seis meses mientras se investigan un expediente etiquetado como “golpe de Estado”. Vaca está imputado por los presuntos delitos de asesinato en grado de complicidad y encubrimiento, por muertes ocurridas en noviembre de 2019, en La Paz.
Al menos tres personas murieron durante los conflictos en las zonas de Pedregal y Rosales como consecuencia de la violencia de las fuerzas de seguridad: Percy Romer Conde Noguera, Juan Martín Pérez Taco y Beltrán Paulino Condori.
La Fiscalía, que rechazó las denuncias en 2020, en dos casos tuvo que reabrir las investigaciones, según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En el caso de Percy Romer Conde, según el GIEI, la investigación ha arrojado pocas pruebas. El expediente apenas contiene la declaración de la hermana de la víctima, el protocolo de la autopsia, una muestra fotográfica y algunos informes policiales que, en su mayor parte, no aportan mucho.
“Sin embargo, el 22 de noviembre de 2020, ... la Fiscalía emitió una resolución rechazando la denuncia, señalando que no había elementos suficientes para identificar a los posibles perpetradores”, dijo el GIEI.
En cuanto a Juan Martín Pérez, la investigación en este caso también fue escasa, “sin avances sustanciales”. La familia del joven incluso denunció ante el GIEI que habían sido presionados por el Ministerio Público. “Existe evidencia de un retraso injustificado en la actuación de la Fiscalía, así como una omisión en el cumplimiento de sus obligaciones de investigar. El 11 de septiembre de 2020 la Fiscalía dictó resolución de rechazo alegando 'el obstáculo legal conocido como plazos procesales, los cuales, transcurridos, determinan que se debe emitir una resolución pertinente, ya que el juzgado ejercía un control jurisdiccional que impide continuar con la investigación'.“ dice el informe del GIEI.
Posteriormente, el 19 de octubre de 2020 se reabrió la investigación luego de que el investigador adscrito al caso dijera que no se había realizado una autopsia a la muerte de Pérez, a pesar de que su familia la solicitó.
Beltrán Paulino Condori, según testimonios de sus familiares, fue asesinado a tiros en su casa cuando intentaba proteger su casa de las piedras que le arrojaban grupos no identificados.
“El 10 de septiembre de 2020 la Fiscalía dictó resolución desestimando la investigación por considerar que no había sido posible obtener pruebas suficientes para identificar al autor o autores del hecho. Sin embargo, el 30 de noviembre de 2020, la investigación es reabierta a pedido del fiscal ... ”, se lee en el informe del GIEI.
Para el grupo de expertos en estos casos el retraso en las investigaciones no está justificado. ”El hecho de que la Fiscalía haya emitido solicitudes de rechazo representa una ausencia del Estado en garantizar los derechos de los familiares a conocer la verdad de las circunstancias de la muerte de sus seres queridos”.
