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Proyecto de ley sobre frenos y contrapesos genera controversia en Perú

Los partidarios del presidente Castillo afirman que la oposición busca destituirlo.

Un proyecto de ley que busca restringir el poder discrecional de los jefes de estado para disolver el Parlamento y poder disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones legislativas ha generado controversia entre los legisladores peruanos.

En un escenario donde el presidente Pedro Castillo no tiene una mayoría parlamentaria y podría enfrentar repetidas obstrucciones de la oposición, los legisladores de derecha están presionando por una enmienda a la norma constitucional que faculta al Ejecutivo a solicitar la confianza del Gabinete en cualquier momento y en cualquier forma, según lo dispuesto por el Tribunal Constitucional al descartar cualquier modificación que afecte la esencia del equilibrio de poderes, ya que el Parlamento tiene la facultad de destituir al presidente.

Ambos casos han llegado a suceder. El expresidente Martín Vizcarra disolvió un Congreso obstruccionista dominado por el fujimorismo y otras versiones de derecha, solo para ser derrocado por la legislatura subsiguiente.

Ante el dictamen del Tribunal Constitucional, la oposición pretende aprobar una “ley de interpretación auténtica” que limite la llamada cuestión de la confianza únicamente a situaciones en las que estén en juego políticas esenciales del Ejecutivo.

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, y el jurista Omar Cairo, señalan que modificar los términos de la solicitud de confianza requiere una reforma constitucional, que lleva tiempo y exigen una mayoría parlamentaria de dos tercios, que la oposición no tiene.

Torres señaló que el proyecto busca aplicar cambios que “podrían afectar indirectamente los principios y derechos que, de modificarse, introducirían desorganización e incoherencia”.

“Las reformas constitucionales también deben ser analizadas a la luz de los principios que orientan la interpretación de la Constitución, los cuales han sido definidos por la Corte Constitucional”, explicó.

La presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, a su vez, sostiene que el proyecto busca corregir una situación de “desequilibrio de poderes”' a través de la interpretación del artículo 132 de la Constitución y niega objetivos políticos a la propuesta.

El Parlamento pretende acelerar el nombramiento de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional en reemplazo de aquellos cuyos mandatos han caducado y que aprobaron el dictamen anterior y que los designados den luz verde a la “interpretación auténtica”.

El proyecto en discusión, para el constitucionalista Omar Cairo, es contrario a la Carta Magna y afecta el equilibrio Ejecutivo-Legislativo y contradice la jurisprudencia del TC.

El texto en debate establece que el Gobierno no podrá solicitar confianza en los casos en que lo vincule a un proyecto de reforma constitucional o cualquier tema que el Parlamento considere de su competencia. “Con esto, este proyecto o predicción no restablece el equilibrio de poderes, sino que lo afecta”, dijo Cairo, recordando el fallo anterior que no pone límites a las solicitudes de confianza.

“Lo que quieren hacer es reprimir lo señalado por el intérprete supremo de la Constitución, quieren interpretar al máximo intérprete”, aseveró en una deliberada redundancia.

Si el proyecto tiene éxito, el Parlamento podrá negar su discreción a los gabinetes ministeriales, lo que sería un arma de constante desestabilización y, según Cairo, dejaría al Gobierno indefenso ante el poder del Congreso de destituir al presidente por la vaga causa de “incapacidad moral permanente”, una idea que, según se interpreta, está dirigida contra el primer ministro Guido Bellido.

Mientras tanto, la presidenta del Congreso María del Carmen Alva ha negado las acusaciones del partido gobernante de que tiene una “actitud antidemocrática y golpista”.

Los partidarios del presidente Castillo han estado afirmando que la oposición buscaba destituirlo y desestabilizar la democracia.