Las autoridades electorales peruanas anunciaron el lunes que podrían demorar hasta tres semanas más para saber finalmente quién ganó la segunda vuelta presidencial entre el izquierdista Pedro Castillo y la conservadora Keiko Fujimori.
La demora se debe a la gran cantidad de solicitudes de nulidad y aperlaciones presentadas por ambos contendientes. Para el lunes por la noche, Castillo aventajaba a Fujimori por menos de 50.000 votos de los 17,6 millones de sufragios válidos computados (50,14% a 49,86%), según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya se había pronunciado este lunes sobre ocho de los 56 registros de votación que estaban pendientes desde el domingo. Independientemente de la resolución de estas actas, el JNE debe pronunciarse sobre 1.090 solicitudes de nulidad, de las cuales 942 fueron interpuestas por Fuerza Popular (FP, partido de Fujimori) y 148, por Perú Libre (PL, de Castillo). Según informes de prensa, 270 de esas apelaciones se presentaron justo antes del límite el miércoles pasado y muchas otras se presentaron una vez vencido el plazo.
Un académico de la Ley Electoral temía que el fujimorismo afirmara que el plazo no expiraba a las 20 del miércoles, sino a la medianoche, lo que generará un recurso jerárquicos adicionales antes de que se decida si estas objeciones deben resolverse.
El secretario de Prensa de FP, José Manrique, ya ha anunciado que su partido apelará todas aquellas solicitudes de nulidad que puedan ser rechazadas por una autoridad inferior. Se supone que el nuevo presidente deba ser juramentado el 28 de julio.
“Solo pedimos elecciones limpias y que se revisen todas las irregularidades; No nos vamos a dar por vencidos”, dijo Fujimori el lunes en Twitter.
Por su parte, el asesor legal de PL Aníbal Torres denunció que FP simplemente estaba tratando de retrasar que Castillo fuera declarado ganador.
Mientras tanto, las manifestaciones contra las autoridades electorales han aumentado a medida que la pequeña diferencia en los votos vaticina una tarea cuesta arriba para quien termine al mando del país.
El ministro del Interior, José Elice, explicó que se estaban realizando labores de inteligencia y seguimiento de cada una de estas marchas, así como una investigación de la Fiscalía General.
“Deploramos el hostigamiento que están recibiendo las autoridades electorales por el ejercicio de su labor”, dijo la ONG local Transparencia en un comunicado.
Mientras tanto, la expresidenta chilena y actual alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó a los peruanos a aceptar las reglas de la democracia, lo que significa que las instituciones electorales y las decisiones que tomen deben ser respetadas.
“Si no se aceptan las reglas de la democracia antes, durante y después de las elecciones, la cohesión social puede romperse peligrosamente”, advirtió al admitir que ve una grieta en la sociedad peruana.
Para Bachelet, los ataques y hostigamientos sufridos por diversas autoridades como el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas, y el titular de la ONPE, Pietro Corvetto, fueron particularmente graves porque “pueden afectar negativamente la credibilidad del proceso electoral en curso”.