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Costa Rica es el cuarto país latinoamericano en ingresar a OCDE, tras proceso de nueve años

El camino comenzó en mayo de 2012 cuando el gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014) expresó formalmente el interés por adherirse al organismo

Costa Rica se convirtió en el cuarto país latinoamericano miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), tras un largo proceso de nueve años que involucró a tres Gobiernos y la implementación de una serie de cambios en políticas públicas y leyes de las más variadas temáticas. Costa Rica se transformará en el miembro 38 de la organización.

El país centroamericano de 5 millones de habitantes y reconocido internacionalmente por su longeva democracia, paz y políticas ambientales, ingresó formalmente a la OCDE al depositar el instrumento de adhesión en París, sede del organismo, último trámite del proceso.

De esta forma Costa Rica culminó un largo camino que comenzó en mayo de 2012 cuando el gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014) expresó formalmente el interés por adherirse al organismo. Tras cumplir con una serie de compromisos y de firmar instrumentos de la OCDE, en el 2015 el organismo aprobó la hoja de ruta de adhesión del Costa Rica y lo invitó oficialmente a unirse durante el gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018).

A partir de entonces, las autoridades costarricenses comenzaron el trabajo para obtener el aval de 22 comités de evaluación de la OCDE que finalizó en marzo de 2020 en la administración actual del Mandatario Carlos Alvarado (2018-2022). El pasado 15 de mayo el Congreso costarricense ratificó la ley de Adhesión y el 21 el Presidente Alvarado firmó la ley, para que esta semana fuera depositado en París el instrumento.

Costa Rica es el cuarto país latinoamericano en la OCDE después de México, Chile y Colombia, mientras que son candidatos de adhesión Brasil, Argentina y Perú.

El proceso de adhesión de Costa Rica incluyó revisiones técnicas en profundidad por parte de 22 comités de la organización, así como la adopción de reformas en el país centroamericano para adecuar su legislación, políticas y prácticas a los estándares de la OCDE. Las reformas de la política de competencia y del sistema nacional de estadísticas, la introducción de la responsabilidad penal en los sobornos en el extranjero o la creación de un registro nacional de accionistas son algunas de las principales reformas aplicadas por Costa Rica en esa dirección.

El Gobierno costarricense también ha puesto como ejemplo de este proceso una reforma tributaria aprobada en 2018 y la aplicación de pruebas con estándares internacionales en el sistema educativo público.