Rafael López Aliaga de Renovación Popular, un partido de derecha fundado en 2020, quien terminó tercero en la primera vuelta del domingo de las elecciones presidenciales de Perú con el 11,69% de los votos válidos, solicitó el jueves la revisión de las actas electorales, pero adelantó que no apoyará al comunista Castillo en la segunda vuelta del 6 de junio.
Pedro Castillo se impuso el domingo con 19,12% de los votos, seguido por Keiko Fujimori. con 13,37%.
Por su parte, la primera ministra Violeta Bermúdez, restó importancia a las acusaciones de juego sucio del ultraderechista López Aliaga, alegando que fue un proceso limpio, justo y transparente.
Todos los informes indican que han sido elecciones limpias, justas y transparentes, dijo el Primer Ministro. Creo que no se debe generar ruido innecesario sobre un proceso electoral que se lleva a cabo a pesar de los grandes problemas que atraviesa nuestro país, agregó, aunque admitió que hay diferencias con las encuestas anteriores por la pandemia del coronavirus y los protocolos de seguridad.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú (ONPE) calificó de noticia falsa una versión que circuló en Twitter sobre supuestas inconsistencias entre la cantidad de votos registrados en algunos registros físicos y en los registros en línea.
López Aliaga es miembro del Opus Dei con mucho honor y por eso practica el celibato y la mortificación, y propuso en la campaña expulsar venezolanos residentes en Perú porque cometen delitos y te quitan la paz.
En cuanto a Fujimori, el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez expresó su preocupación por el aplazamiento que sufriría la investigación judicial en su contra si fuera elegida presidenta, dado que “el artículo 117 de la Constitución (...) garantiza inmunidad”.
“El caso en su contra (...) se reiniciaría cuando finalice su mandato presidencial (en 2026), en caso de ser elegida , dijo Pérez.
Fujimori está bajo investigación por lavado de activos a través de aportes irregulares de la constructora brasileña Odebrecht a su campaña electoral de 2011, y por la que estuvo en prisión en tres ocasiones.
Pérez también dijo estar preocupado por su familia y por los funcionarios y ciudadanos involucrados en las denuncias contra Fujimori, como fiscales, testigos y colaboradores efectivos, estos últimos proveedores de información de importancia clave para el proceso.
Según Pérez, Fujimori y su partido han incurrido en conductas contrarias al desarrollo normal de un proceso penal”, manipulando y presionando a testigos, interfiriendo en las investigaciones y utilizando el poder político como obstáculo para las investigaciones. También le preocupa la aparición de un video reciente en el que Fujimori lo acusa de actuar políticamente en su contra.
El fiscal Pérez acusa a Fujimori de delitos de lavado de activos, por recibir en secreto millones de dólares por sus campañas electorales de 2011 y 2016 y enmascararlos como si fueran muchos pequeños aportes falsos de la ciudadanía, de obstrucción a la justicia y de liderar una organización criminal. La acusación incluye a otros 39 acusados, entre ellos, su esposo estadounidense, Mark Vito. Pérez también pide la disolución del partido Fujimori, Fuerza Popular, porque -afirma- se convirtió en una organización criminal.