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Jueza del STF de Brasil frena flexibilización sobre armas impulsada por Bolsonaro
“Las armas adquiridas legalmente terminan siendo desviadas al crimen ...”, dijo Weber. La jueza Rosa Weber del Tribunal Federal Supremo de Brasil (STF), emitió el lunes una orden preventiva contra partes de los decretos del presidente Jair Bolsonaro que facilitarían la adquisición y el uso de armas de fuego por parte de personas comunes.
El fallo de la magistrada es válido solo hasta que el tribunal más alto del país examine el caso y emita una decisión plenaria. Los demás miembros de la corte comenzarán a analizar el caso por separado el próximo viernes y tendrán una semana para emitir su voto electrónico, sin necesidad de reunirse para debatir el tema.
Los decretos debían entrar en vigor este martes.
Las principales partes en las que Weber se pronunció fueron las que le quitarían al Ejército el control de “proyectiles de munición para armas pequeñas o portátiles, hasta un calibre máximo de 12,7 mm”, “máquinas y prensas (…) para recargar municiones”, “Miras optrónicas, holográficas o reflectantes” y “miras telescópicas”, junto con la necesidad de registro previo para practicar tiro recreativo en clubes; la simplificación de la documentación para comprar hasta seis armas de fuego por parte de civiles civiles y ocho para agentes del Estado y el levantamiento del requisito de certificación psicológica policial para la licencia de uso de armas de fuego.
Bolsonaro también tenía la intención de que los coleccionistas, francotiradores y cazadores, conocidos por el acrónimo CAC, pudieran demostrar su capacidad para manejar armas de fuego mediante el informe de un instructor de tiro deportivo y que ya no necesitaran la autorización del Ejército para comprar armas y municiones o limitara sus cantidades. Los campos de tiro también se beneficiarían del levantamiento de esos límites.
Las órdenes del presidente también establecían una edad mínima para tomar lecciones de tiro a los 14 años y extendían las licencias de armas de jurisdicción local a todo el país, permitiendo también a los CAC portar armas cargadas;
Weber halló que las órdenes ejecutivas de Bolsonaro estaban en desacuerdo con el sistema de control e inspección de armas establecido por la Ley de Desarme y con el deber de promover la seguridad pública y el derecho a la vida.
La jueza destacó el principio según el cual un decreto presidencial no puede ir más allá de lo que establece una ley del Parlamento, mientras que Bolsonaro había afirmado que sus órdenes eran meras reglamentaciones de dicha Ley de Desarme.
“Numerosos estudios, nacionales e internacionales, públicos y privados, apoyados por una importante mayoría de la comunidad científica mundial, revelan una correlación inequívoca entre facilitar el acceso de la población a las armas de fuego y el desvío de estos productos a organizaciones criminales, milicias y delincuentes en general, a través de robos, atracos o comercio clandestino, aumentando aún más las tasas generales de delitos contra la propiedad, delitos violentos y homicidios”, dijo Weber en su fallo.
”Parece irrazonable y desproporcionado dar a la gente común, tal vez sin la formación adecuada, la capacidad de portar armas en una cantidad comparable a la que utilizan los militares o la policía en sus actividades funcionales“, dijo la magistrada, quien añadió que validar estas medidas afecta la garantía constitucional de ”el derecho de todos a reunirse, en espacios abiertos y abiertos, públicamente, pacíficamente y sin armas“.
Expresó además que ”las armas adquiridas legalmente terminan siendo desviadas al crimen a través del robo ... [o] por la creación de un mercado secundario clandestino de reventa de armas por parte de los propietarios originales”.
Los partidos de izquierda (PSB, Rede Sustentabilidade, PT, PSOL y PSDB) que habían solicitado la intervención del STF tenían en mente la supresión total de los cuatro decretos. Pero la Magistrada Weber se negó a ir a esos extremos, argumentando que, de hacerlo, también se suspenderían los tramos que sólo “reproducen el modelo administrativo vigente desde 2004”, lo que “podría establecer una situación de anomia en el ámbito del Sistema Nacional de Armas”.
