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Presidente peruano zafó del juicio político pero no de la justicia ordinaria

Lunes, 21 de setiembre de 2020 - 08:36 UTC
Una fiscal anticorrupción vinculó a Vizcarra y a la ex ministra de Cultura Patricia Balbuena con aparentes responsabilidades en la contratación irregular del cantante Richard Cisneros Una fiscal anticorrupción vinculó a Vizcarra y a la ex ministra de Cultura Patricia Balbuena con aparentes responsabilidades en la contratación irregular del cantante Richard Cisneros

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, que conservó su cargo al fracasar el viernes una moción para destituirlo en el Congreso, quedó sin embargo bajo sospecha por el Ministerio Público, que lo relacionó con “un presunto hecho de connotación penal”, informó el domingo la prensa local.

 La fiscal anticorrupción Janny Sánchez vinculó a Vizcarra y a la ex ministra de Cultura Patricia Balbuena con aparentes responsabilidades en la contratación irregular del cantante Richard Cisneros en el caso que originó el escándalo que motivó el juicio político al mandatario.

“Se advierte la presunta vinculación con altos funcionarios públicos de gobierno como son el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, actual presidente de la república, y la ex ministra de Cultura Patricia Jacquelyn Balbuena Palacios, con un presunto hecho de connotación penal”, afirmó Sánchez.

Lo hizo en la resolución en la que decidió investigar e imputar a tres ex funcionarias de menor rango, revelaron el diario limeño La República y la radio RPP.
Además, al no tener competencia para investigar a Vizcarra y Balbuena, Sánchez remitió un informe a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para que esta se pronuncie de acuerdo con sus atribuciones.

De cualquier forma, si se comprobara que Vizcarra cometió algún delito solo podrá ser procesado por la Justicia una vez que deje el cargo, lo que debe ocurrir el 28 de julio de 2021 o podría suceder antes solo si el Congreso volviera a formarle un proceso de vacancia y reuniera los votos necesarios para destituirlo.

Mientras tanto, Sánchez resolvió investigar e imputar a Mirian Morales, ex secretaria general del Despacho Presidencial, por colusión agravada, negociación incompatible, obstrucción a la justicia y ocultamiento real; a Diana Tamashiro, ex secretaria general del Ministerio de Cultura, por negociación incompatible y colusión agravada en perjuicio del Estado, y a Karem Roca, ex secretaria privada de Vizcarra, por ocultamiento real y falsedad genérica en perjuicio del Estado.

Tamashiro dejó el cargo a fines de junio último y Morales y Roca fueron despedidas la semana pasada, luego de que la difusión de unos audios -aparentemente filtrados por Roca- en los que Vizcarra pide a dos asesoras que mientan ante una comisión investigadora diera lugar al proceso de vacancia en el Congreso.

De todos modos, Vizcarra evitó el viernes la destitución, que apenas consiguió 32 de los 87 votos necesarios para prosperar, muy lejos incluso de los 65 con que una semana antes había sido admitido el proceso al presidente en el parlamento.

 

Categorías: Política, América Latina.