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Chile recuerda y exige al presidente Fernández que se abstenga de comentar sobre asuntos internos
El canciller chileno Teodoro Ribera mantuvo una conversación telefónica con su par argentino Felipe Solá 
Alberto Fernández a pesar de sus comentarios, afirma tener una buena relación con el presidente chileno Sebastián Piñera En medio de la tensión con Brasil y el presidente Jair Bolsonaro, discrepancias con Estados Unidos, una relación rota con Bolivia tras darle refugio político al renunciante Evo Morales, y hablar de golpe de estado, y apoyar el candidato perdedor en la reciente elección de Uruguay, Alberto Fernández sumó un nuevo frente con sus declaraciones sobre el conflicto en Chile, comparándolo con la situación en Venezuela, que le costó una fuerte queja formal del gobierno de Sebastián Piñera.
La cancillería chilena emitió un comunicado en el que le exige al presidente argentino que evite opinar sobre sus asuntos internos, luego que Fernández dijera que la comunidad internacional no es tan crítica con las detenciones por la crisis en Chile como lo es con lo que sucede en Venezuela.
Chile informó que el canciller Teodoro Ribera se comunicó telefónicamente con Felipe Solá para expresarle su “sorpresa” y “extrañeza” por los comentarios de Fernández. Le recordó, además, “la conveniencia de no emitir opiniones sobre situaciones de política interna de los respectivos países”.
El domingo pasado, durante una entrevista en América TV, Alberto comparó las situaciones de Chile y Venezuela y dijo que la comunidad internacional “habla menos” de las violaciones de los derechos humanos que presuntamente se han cometido en el país trasandino que de otras crisis.
“Me acordaba días atrás, cuando recibí a las organizaciones de derechos humanos venezolanas, en 2013, cuando Maduro, después de una manifestación puso presas a 800 personas. Piñera metió presas a 2.500 personas y no pasa nada, nadie dice nada”, declaró Fernández. “Seamos justos, digamos todo”, agregó el argentino, que dijo tener “el mejor trato” con Piñera.
Al respecto, el canciller Ribera le remarcó a Solá que en Chile “existe un pleno Estado de derecho” y que “no es el presidente de la República, sino las policías, el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia, las instituciones que cuentan con atribuciones para detener, investigar, juzgar y condenar a los responsables de delitos”.
Las presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad chilenas fueron denunciadas por diferentes organismos locales e internacionales, como Amnistía Internacional. Piñera ha reconocido abusos puntuales de las fuerzas, pero ha negado una política sistematizada para atacar a los manifestantes.
El último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) chileno indica que desde el comienzo de las revueltas, el 18 de octubre pasado, hasta el 30 de noviembre se han detenido 8.492 personas, de las cuales 1.013 eran menores y adolescentes. El mismo organismo ha interpuesto hasta la fecha 943 denuncias contra las fuerzas de seguridad, de las cuales 750 son por presuntas torturas y 134 por violencia sexual. El número de víctimas fatales difiere entre 24 (cifra oficial) y 28 (cifra que sostienen los organismos de DDHH).
