MercoPress. South Atlantic News Agency
Juez argentino formaliza causa contra ex presidenta CFK
Bonadio consideró a Fernández de Kirchner como líder de la presunta organización que recolectaba sobornos El juez federal Claudio Bonadio dio por terminada la etapa de instrucción y envió a juicio oral la llamada 'causa de los cuadernos' contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ex funcionarios y empresarios.
Asimismo, el magistrado reiteró su pedido a la Cámara Alta para que quite sus fueros parlamentarios a la actual senadora y candidata a la vicepresidencia, de manera de poder hacer efectiva su orden de prisión preventiva.
Bonadio consideró a Fernández de Kirchner como líder de la presunta organización que recolectaba sobornos y que se conoce como 'escándalo de corrupción de cuadernos' en alusión a las páginas en las que un chofer anotó las supuestas transacciones.
En el mismo caso, junto con la ex presidenta, se encuentran procesados el ex ministro de Planificación Julio De Vido y otros cincuenta funcionarios de alto rango de la era Kirchner, que se extiende de 2003 a 2015.
El caso de “Cuadernos de corrupción” se denominó así debido a las notas tomadas por Oscar Centeno, un ex chofer de Roberto Baratta, quien ha sido señalado como el intermediario en las presuntas negociaciones ilegales abarcadas por la investigación que vincularían a funcionarios kirchneristas con empresarios como Carlos Wagner, Enrique Pescarmona, Aldo Benito Roggio, Eduardo Eurnekian, Alberto Taselli, Alejandro Pedro Ivanissevich y Hugo Dragnetti.
Dada la presunción de inocencia, la detención preventiva solo se aplica cuando el sospechoso puede interferir con una investigación en curso o presenta un riesgo de fuga. La segunda suposición no resulta creíble por cuanto CFK llegó a Buenos Aires el jueves procedente de Cuba después de pasar unos días con su hija Florencia Kirchner, quien permanece en la isla por presuntos motivos médicos. CFK había partido a La Habana el 11 de septiembre, luego de ser autorizado por la justicia.
Se atribuyen a CFK tanto la recaudación “de fondos ilegales” -es decir sobornos- como 28 actos de cohecho pasivo. El expediente suma 172 procesados y 31 imputados colaboradores. El inmediato sorteo de la causa determinó que el Tribunal Oral Federal 7 será el encargado de llevar adelante el proceso. De esos 172 acusados, en esta instancia Bonadio elevó a juicio a 53, entre ex funcionarios y empresarios.
Junto a la candidata a vicepresidenta, fueron enviados a juicio en calidad de organizadores Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, y como miembro de la asociación el ex chofer Oscar Centeno y un extenso listado de empresarios.
El magistrado sobreseyó a los empresarios por el delito de asociación ilícita, y sólo deberán responder por el cohecho activo. También sobreseyó de la acusación a los integrantes del grupo militante kirchnerista La Cámpora Eduardo “Wado” de Pedro, Andrés Larroque, Máximo Kirchner y Julián Álvarez; al empresario Sergio Szpolski y a los ex intendentes Enrique García y Ricardo Ivoskus.
El uso de fondos ilegales para la campaña electoral de 2013, sin embargo, continúa bajo investigación en el juzgado que pertenecía a Sergio Torres, ahora subrogado por María Servini tras la designación de Torres en la Corte Suprema de Justicia bonaerense.
En cambio, el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, involucrado en aquella supuesta maniobra, fue sobreseído como integrante de la asociación ilícita, pero llega a juicio como partícipe secundario de 18 hechos de cohecho pasivo.
La presunta asociación ilícita habría sido comandada por Néstor y Cristina Kirchner en su rol de presidentes de la Nación. Y que el dinero habría sido entregado alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo o a sus secretarios privados en el domicilio de la calle Uruguay 1306 (donde vive la Senadora actualmente), en la Residencia Presidencial de Olivos o en la Casa Rosada.
Según la acusación, la maniobra fue organizada por Julio De Vido (entonces ministro de Planificación Federal) y Roberto Baratta (ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión), “quienes desde los cargos que ocupaban se encargaban de que se realizaran los cobros comprometidos”.
Por este motivo, De Vido, Baratta y José López se encuentran procesados en carácter de organizadores de la asociación ilícita y cohecho pasivo, todos ellos con prisión preventiva.
Respecto al rol del ex chofer Oscar Centeno, pese a sus reiterados pedidos para ser sobreseído, irá a juicio oral acusado como miembro de la organización delictiva. Tiene otorgada la libertad por ser el primer “arrepentido” en el expediente, y es parte del programa de imputados protegidos.
El sistema funcionó con la “participación indispensable” de los empresarios, todos sobreseídos por el delito de asociación ilícita y sólo responderán en el juicio oral por la acusación de cohecho. “El sistema estribaba básicamente en una serie de 'puntos fijos de recaudación', en los cuales se reunían los funcionarios identificados con los empresarios, de los cuales recibían dinero en efectivo, principalmente en moneda estadounidense; alternativamente esos 'puntos fijos' se concretaban en estacionamientos públicos o privados y el 'pase' de dinero se hacía directamente de automóvil a automóvil o también en oficinas públicas y privadas”, detalló el juez.
Así, los empresarios -entre los que se encuentra Ángelo Calcaterra, Carlos Mundin, Luis Betnaza, Gerardo Ferreyra, Armando Loson, Alberto Taselli, Eduardo Hugo Eurnekian, Enrique Pescarmona, Héctor Zabaleta, Néstor Otero y Aldo Roggio- irán a juicio sólo acusados de cohecho. El ex titular de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, y el financista Ernesto Clarens, afrontarán la instancia oral bajo la acusación de organizadores de la asociación ilícita. Se les atribuyó varios hechos de cohecho activo, al igual que al empresario Gerardo Ferreyra.
En cambio, fueron sobreseídos del empresario Marcelo Mindlin y el ex secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli.
En diciembre de 2018, la Sala I de la Cámara federal porteña había confirmado las acusaciones de Bonadio contra la ex presidenta por dirigir una asociación ilícita, del delito de dádivas en carácter de coautora y de cohecho pasivo.
