La disidente Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) denunció que durante el pasado año se produjeron en la isla al menos 5.155 detenciones arbitrarias por motivos políticos, con un promedio mensual de 430 arrestos de ese tipo.
La comisión, el único grupo que registra este tipo de incidentes dentro de la isla, contabilizó al menos 316 detenciones arbitrarias temporales en diciembre, según su último informe mensual.
El grupo disidente también documentó 16 casos de “pacíficos opositores que fueron víctimas de agresiones físicas ejecutadas o instigadas por la policía política secreta, principal instrumento del poder dictatorial” y 15 actos de hostigamiento de los “cuerpos represivos” contra ciudadanos “contestatarios”.
La organización aseguró que algunos de esos arrestos temporales se convierten en “encarcelamientos prolongados en prisiones de alta seguridad” y condenas de prisión alegando “arbitrarias y caprichosas coartadas penales escogidas dentro del inmenso arsenal de motivaciones que figuran en el vigente Código Penal, copiado casi literalmente del desaparecido código criminal de la extinta URSS”.
Según las cifras recopiladas por la organización, entre 2010 y 2017 se registraron un total de 51.833 detenciones arbitrarias en la isla, donde “el régimen controlado por una sola familia y sus cercanos entró en su 60º año de ejercicio de poder de manera autoritaria y totalitaria, causando incalculables sufrimientos al pueblo de Cuba”.
“No se advierte ninguna señal indicativa de que el gobierno esté dispuesto a introducir las urgentes reformas jurídicas, económicas y políticas necesarias para que el noble e indefenso pueblo de Cuba pueda salir de la actual situación de pobreza y desesperanza”, lamentó la organización, liderada por el disidente Elizardo Sánchez.
El gobierno cubano no reconoce a la disidencia interna al considerarlos “contrarrevolucionarios” o “mercenarios”, niega que en sus cárceles haya presos políticos y sostiene que se trata de delincuentes comunes.