Ante las dificultades de arribar a consensos en varios temas técnicos y complejos entre Mercosur y la Unión Europea, el gobierno argentino rescata los avances en la negociación y, aunque mantiene la esperanza de lograr un acuerdo durante la conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), comenzó a abrir el paraguas ante las dificultades de lograr finalizar una negociación que lleva cerca de dos décadas.
Aún faltan temas de mucha complejidad técnica a resolver y es difícil que se logre un acuerdo político en Buenos Aires, uno de los anhelos del gobierno del presidente Mauricio Macri. No se descarta que el miércoles una conferencia de prensa para anunciar avances, aunque desde ya se descarta el anuncio de un acuerdo antes de fin del 2017.
Se sigue negociando y eventualmente si no llegan ahora ni en Brasil, si, seguirá hasta enero o lo que necesitemos para hacer un buen acuerdo, afirmaron fuentes de la cancillería y del ministerio de producción argentino.
Somos muy optimistas. Estamos llevando adelante la negociación, afirmó el ministro de Producción, Francisco Cabrera, el martes por la a mañana en una improvisada conferencia de prensa. Estamos entrando en los detalles finales, había adelantado Cabrera, que además había dicho que no hay reticencias en la UE. Las diferencias están en los cupos y plazos, entre otros detalles. Queremos terminar el acuerdo los más rápido posible. Si fuera ahora, mucho mejor, sostuvo el ministro.
De la reunión de los ministros de Mercosur que se realizó en el Palacio San Martín salió una nueva oferta que los negociadores técnicos llevaron también a los comisarios de la UE de Comercio, Cecilia Malström, y de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan.
Los temas que dilatan un acuerdo son los mismos que hace una semana: el tamaño de la oferta de productos, las canastas con plazos de desgravación (la UE quiere que para la mayoría de los productos sean anteriores a los 10 años, mientras que el Mercosur pretende una camino más gradual de 15 años), temas de propiedad intelectual que afectan a varios sectores (fundamentalmente laboratorios y agroquímicos, donde se piden años de exclusividad), las indicaciones geográficas de los productos y las compras públicas, entre otros.