El Tesoro norteamericano congeló este lunes todos los activos que pueda tener el mandatario venezolano Nicolás Maduro en Estados Unidos, un día después de la votación de la Constituyente, un supra poder que según la oposición instaurará un régimen autoritario estilo cubano en el país petrolero.
“Las elecciones ilegítimas de este Domingo pasado confirman que Maduro es un dictador que ignora la voluntad del pueblo venezolano”, indicó el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.
Estados Unidos sancionó la semana pasado a 13 funcionarios cercanos a Maduro, acusados de quebrar la democracia, corrupción o violación de derechos humanos.
El presidente Donald Trump amenazó con sanciones económicas, lo que hace temer una afectación a la industria petrolera, fuente del 96% de los ingresos venezolanos. Estados Unidos compra 800.000 barriles diarios de petróleo (bpd) de los 1,9 millones que produce Venezuela.
“¿Qué carajo nos importa a nosotros lo que diga Trump? Nos importa lo que dice el pueblo de Venezuela” , exclamó Maduro la madrugada del lunes al celebrar lo que calificó un “triunfo histórico” de la revolución.
Frente a gobierno y adversarios que califican la Constituyente de “ilegítima” , Maduro aseguró que su “legitimidad” está garantizada por ocho millones de electores (41,5% del padrón) que según el poder electoral votaron el domingo.
La violenta jornada electoral dejó dieciséis muertos, elevando a más de 120 los fallecidos en cuatro meses de protestas que exigen la salida de Maduro.
Venezuela “amanece más dividida y aislada del mundo”, advirtió este lunes Julio Borges, presidente del Parlamento de mayoría opositora. Además de Estados Unidos, Colombia, Panamá, Perú, Argentina, Costa Rica, México y España desconocerán la Constituyente.
Brasil llamó a Maduro a suspender su instalación y Perú convocó a una reunión de cancilleres de la región el 8 de agosto en Lima sobre la crisis. La Unión Europea expresó “preocupación” por la democracia en Venezuela” y “serias dudas” de que el bloque reconozca la Constituyente.
“El gobierno se prepara para un escenario de aislamiento internacional severo e intenta unificar sus cuadros contra el enemigo externo”, señaló el analista Luis Vicente León.
Bolivia, estrecho aliado de Venezuela, pidió al mundo respetar la Constituyente y el gobierno izquierdista de El Salvador dijo esperar que ésta sirva para hallar una salida a la crisis.
Por su parte la fiscal general, Luisa Ortega, la chavista de mayor rango que se rebeló contra Maduro, desconoció también lo que llamó la “inmoral Constituyente presidencial”
“Estamos frente a una ambición dictatorial”, sentenció, en un pronunciamiento ante la prensa.
Pese a las críticas, el gobierno instalará el miércoles la Constituyente que regirá por tiempo indefinido, con facultades absolutas, para redactar una nueva Carta Magna. Será encabezada por poderosos dirigentes como Diosdado Cabello y Cilia Flores, esposa de Maduro.
La Constituyente sesionará en la sede del Legislativo, dominado desde 2016 por la oposición, que llamó a una a sus seguidores a una marcha en Caracas el misma día de la instalación.
“No hay convivencia, ni coexistencia, ni nada que se le parezca, tú no puedes convivir con un hampón en tu casa”, declaró el exjefe legislativo Henry Ramos Allup. Borges dijo que el Parlamento seguirá sesionando.
El poder ilimitado que tendrá la Constituyente hace temer lo peor a sus adversarios. Maduro advirtió que “pondrá orden” en el Parlamento y en la Fiscalía.
“Habrá que levantar la inmunidad parlamentaria a quien haya” que quitársela y “tomar el control” del Ministerio Público, aseguró.
La fiscal advirtió que con la Constituyente “todos los derechos políticos están en peligro” . “Ahora van por mi cabeza”, vaticinó.
Venezuela atraviesa por una severa crisis económica, con una prolongada escasez de medicinas y alimentos, una brutal inflación que podría llegar a 720% y una caída del PIB de 12% en 2017, según el FMI.
Asfixiados por la crisis, un 80% de venezolanos rechaza la gestión de Maduro y 72% su Constituyente, según Datanálisis. Pero el presidente cuenta con apoyo de los poderes judicial, electoral y militar.