No hay paz política para Brasil. Megatones estallaron el miércoles en Brasil amenazando la supervivencia del gobierno de Michel Temer que asumió el poder hace apenas un año, tras el polémico juicio político a Dilma Rousseff. Además de un KO técnico al actual sistema político.
Los dueños del mayor conglomerado mundial procesador de proteína animal, JBS aportaron a la Justicia audios y videos revelando que, en marzo, el mandatario avaló el pago de millonarios sobornos al detenido ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, para comprar su silencio y proteger así al Palacio del Planalto ante una eventual delación suya en el marco de la operación anticorrupción Lava Jato referida a Petrobras.
Según reveló el diario carioca O Globo, los directivos de la mayor compañía procesadora de carnes del mundo, Joesley y Wesley Batista, sellaron en las últimas semanas un acuerdo con la Procuraduría General de la República que debe ser aprobado por el Supremo Tribunal Federal (STF), para revelar los intentos del gobierno de Temer por contener las investigaciones anticorrupción. Entre las pruebas más comprometedoras se encuentra una grabación realizada por los ejecutivos en el Palacio do Jaburu -residencia de Temer- en la que discuten con el presidente los montos de dinero que la empresa pagaba a Cunha y al operador político Lucio Funaro para asegurarse que no revelaran las corruptelas dentro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
De acuerdo a Joesley Batista, quien registró toda la conversación con un grabador personal escondido-, cada semana y por un plazo de 20 años se desembolsaban R$ 500.000 (unos US$ 160.000) para garantizar que Cunha -principal promotor dentro del PMDB del juicio político a Rousseff por manipulación de las cuentas públicas- no abriera la boca. Fue entonces que Temer resaltó: Tiene que mantener eso, ¿vio?.
La aprobación que el presidente da a esas coimas lo colocan en una delicadísima situación judicial por respaldar un delito durante el ejercicio de su mandato. Hasta ahora, las derivaciones de la Operación Lava Jato habían puesto a Temer como investigado como supuesto beneficiario de sobornos de la compañía Odebrecht pero antes de que asumiera el poder, el 12 de mayo del año pasado.
Desde el Palacio del Planato se emitió el siguiente comunicado: ”El presidente Michel Temer jamás solicitó pagos para obtener el silencio del ex diputado Eduardo Cunha. No participó ni autorizó ningún movimiento con el objetivo de evitar la delación o colaboración del ex legislador con la Justicia (.) El Presidente defiende la amplia y profunda investigación de todas las denuncias informadas por la prensa con la responsabilidad de los eventuales involucrados en cualquier ilícito que sea comprobado.
Para cuando los ejecutivos Batista decidieron grabar a Temer, ya habían llegado a un pre-acuerdo de delación premiada con la Procuraduría de la República. Gracias a ese entendimiento, la Policía Federal pudo filmar cuando una valija con RS$ 500.000 de coimas fue entregada al diputado Rodrigo Rocha Loures, del PMDB, quien había sido indicado por Temer para recibir las entregas semanales” de JBS. El dinero había sido previamente marcado y fue rastreado fácilmente.
Ante el juez del STF Edson Fachin, a cargo de las investigaciones de la Lava Jato en la Corte, los hermanos Batista también entregaron otra grabación de audio en la que registraron el pedido de soborno realizado por el senador Aecio Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), principal socio de la coalición que sostiene a Temer. En esa conversación del 24 de marzo, Neves -derrotado candidato presidencial en los comicios de 2014 que llevó a la reelección de la fórmula Rouseff-Temer- le pidió a JBS contribuir con R$ 2 millones (unos US$ 640.000) para afrontar los gastos de su defensa en las cinco investigaciones que pesan sobre él por presuntos sobornos de Odebrecht.
Me darán una ayuda del carajo, le resaltó Neves a Joesley Batista, luego de coordinar para que el dinero fuera dado a su primo, Frederico Pacheco de Medeiros, uno de los coordinadores de su campaña de 2014. Al igual que los sobornos destinados a Cunha y Funaro, el periplo que siguió el dinero para Neves también fue filmado por la Policía Federal que siguió el rastro del dinero hasta una cuenta del senador socialdemócrata Zezé Perrella.
Las revelaciones de los empresarios no se limitaron al PMDB y el PSDB, también alcanzaron al Partido de los Trabajadores (PT), de Lula da Silva y Dilma Rousseff. De acuerdo a sus declaraciones, quien durante los 13 años de administraciones petitas lidiaba con los traspasos de dinero ilegal era Guido Mantega, ex ministro de Economía de Lula y Rousseff.
Mantega -ya acusado en el marco de la Lava Jato pero aún en libertad- era quien se encargaba de repartir los fondos al PT entre legisladores, ministros y hasta el presidente del poderoso Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes), Luciano Coutinho. Los hermanos Batista indicaron que alguna vez discutieron los aportes ilegales de JBS al PT frente a Lula, pero que éste no trataba directamente de esos temas financieros.
Las explosivas revelaciones causaron un verdadero terremoto político en Brasilia y el resto del país, que anoche no hablaba de otra cosa. Ya la clase política en general había sido ampliamente desprestigiada por las declaraciones de ex ejecutivos de Odebrecht que expusieron claramente cómo los intereses empresariales irrigaban las campañas políticas. Ahora, sin embargo, más allá de palabras de delatores, hay pruebas concretas; audios y videos incriminadores.
El grupo frigorífico JBS fue el mayor donante de la campaña electoral de 2014 en Brasil: R$ 366 millones (unos US$ 116 millones) repasados a los principales partidos políticos. Según explicaron los hermanos Batista, su compañía se aseguraba así los más diversos favores, como exoneración de impuestos y leyes que beneficiaban sus negocios.
Joesley y Wesley Batista, herederos de JBS, el grupo que en medio siglo surgió de carnicería barrial al mayor conglomerado del mundo en proteína animal también tiene su historia de investigaciones judiciales, y fueron removidos de sus cargos ejecutivos por la Justicia. Sus empresas están siendo investigadas por la operación carne magra, pero más comúnmente carne podrida, que consistía en sobornar a las inspecciones sanitarias, poniendo en serio riesgo a la credibilidad de Brasil en el rubro. Además son investigados por los préstamos abundantes y blandos conseguidos en el BNDES, banco de desarrollo de Brasil y por el dudoso, cuando no calamitoso manejo inversor de los fondos de retiro de los funcionarios de sus empresas.