La Comisión de Constitución y Justicia y Ciudadanía (CCJ) de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó este miércoles, por 44 votos contra 18, la propuesta de enmienda constitucional que busca reducir la mayoría de edad penal de 18 a 16 años. La aprobación, sin embargo, es apenas el primer paso de un proceso largo antes de que la medida pueda convertirse en ley.
El texto no pasa de inmediato al pleno. El siguiente paso es la creación de una comisión especial temporal que analizará el fondo de la propuesta, podrá celebrar audiencias públicas, sugerir modificaciones y votar un informe final. Si lo aprueba, el proyecto irá al pleno de la Cámara, donde, por tratarse de una enmienda constitucional, necesitará el respaldo de al menos tres quintos de los diputados —308 de 513— en dos rondas de votación. De superar esa instancia, la materia pasará al Senado, donde seguirá un trámite similar.
La PEC 32/2015 fue presentada en mayo de 2015 por el entonces diputado Gonzaga Patriota y otros legisladores, con el objetivo de establecer la plena mayoría civil y penal a los 16 años. En once años tuvo al menos tres relatores y llegó a ser archivada en 2019. El debate se intensificó en los últimos meses: a fines de mayo, el relator actual, el diputado Coronel Assis, concluyó su dictamen favorable a la admisibilidad jurídica, y la votación final se concretó tras rechazarse pedidos de aplazamiento de la oposición. Aunque el proyecto original planteaba una mayoría plena, el sustitutivo preserva las reglas civiles vigentes: la inscripción electoral y el voto siguen siendo facultativos a los 16 años y obligatorios solo desde los 18.
La iniciativa reaparece en un año electoral, con comicios generales en octubre. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se opone a la medida, mientras que la derecha la impulsa; el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, reclamó no más tolerancia con quienes usan su edad para delinquir. El Ministerio de Derechos Humanos sostuvo que reducir la mayoría penal sería ineficaz para combatir la violencia. Una encuesta de mayo del instituto Real Time Big Data indicó que el 90% de los brasileños respalda el cambio.
Durante el trámite en la comisión, los diputados favorables argumentaron que la medida responde a las demandas sociales de seguridad pública y responsabilización penal. Los contrarios sostuvieron que la reducción viola derechos fundamentales previstos en la Constitución y defendieron el foco en políticas públicas educativas. En la actualidad, los menores de 18 años que cometen delitos graves, como homicidio o violación, son derivados a un sistema especial de internación juvenil. Los homicidios en Brasil cayeron a su nivel más bajo en más de una década, con unos 44.000 registrados en 2024.