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Con la muerte del “Goyo” Alvarez se cierra un capítulo oscuro de la historia reciente de Uruguay

Encarcelado en Montevideo desde 2007, fue procesado y condenado en 2009 a 25 años de prisión por la muerte de 37 opositores en 1977 y 1978

El ex teniente general Gregorio Álvarez, dictador uruguayo y último presidente del régimen cívico-militar que gobernó el país entre 1973 y 1984 falleció el miércoles en Montevideo a los 91 años. Fue uno de los cerebros detrás de la conspiración que culminó en el golpe militar de 1973 y figura de significativa ascendencia entre sus pares por su meteórica carrera militar en base a concursos por mérito y oposición.

 Se encontraba internado en el Hospital Militar de Montevideo a donde había sido transferido por problemas respiratorios e insuficiencia cardíaca. En 2015 había sufrido un accidente cerebro vascular. Fue sepultado el mismo miércoles en una ceremonia privada.

Preso desde 2007 y condenado a cadena perpetua en el 2009 por violaciones a derechos humanos y desapariciones, el “Goyo” Álvarez, como era conocido, fue temido dentro y fuera de los cuarteles. A Álvarez se le recordará por su inflexibilidad en la última etapa de la dictadura cívico-militar.

Hijo y nieto de generales, el dictador fallecido ingresó en la Escuela Militar Nacional en 1940, en la que se graduó como oficial del Regimiento de Caballería (1946-1959). Obtuvo el cargo de coronel a los 39 años y de general en 1971 a los 45 y se convirtió figura de gran influencia en el Ejército, participando directamente en los hechos más relevantes de esos complejos y oscuros años de la vida política y social de Uruguay.

En efecto su llegada al generalato se produjo en 1971 cuando Uruguay se encontraba inmerso en un clima de violencia política: la guerrilla Tupamaros buscaba derribar por las armas a la debilitada democracia uruguaya para instaurar un régimen procubano.

Pero en el último año de su ciclo (1984) en que lideró el país estuvo marcado por la soledad en que lo dejaron el resto de los miembros de la cúpula militar, al punto de que no participó de las negociaciones para la salida a la democracia que comenzaran en 1983.

Tras haber perdido gran parte del apoyo de las Fuerzas Armadas para continuar con el régimen dictatorial, tuvo que acceder a los resultados de la negociación de un cronograma electoral que culminó con las elecciones legislativas y presidenciales de noviembre de 1984 que ganó Julio María Sanguinetti.

Encarcelado en Montevideo desde 2007, fue procesado y condenado en 2009 a 25 años de prisión por la muerte de 37 opositores en 1977 y 1978, y era uno de los acusados uruguayos en el juicio por el Plan Cóndor que se realiza en Italia.

Encabezó el Consejo Nacional de Seguridad, un organismo que funcionó como gobierno secundario de la presidencia de Juan María Bordaberry (1972-1973) mientras se gestaba el silencioso y paulatino golpe de estado que desencadenó en la última dictadura uruguaya.

En la lucha contra la guerrilla urbana Tupamaros, que surgiera a mediados de los sesenta, inspirados en la revolución cubana, los militares crecientemente abusaron de la debilidad del sistema político, exponiendo o sugiriendo llamativos casos de corrupción, a la vez que trascendía su supuesta orientación “peruanista” tomando como referencia el modelo impuesto por el golpista Velasco Alvarado en tierra de los Incas.

Esta orientación atrajo a los movimientos de izquierda que junto al cuestionamiento del resultado electoral de 1971, (ganado por estrechísimo margen por Juan Maria Bordaberry), por la mayoría del principal partido de oposición creó un ambiente maduro para el golpe militar que estratégicamente se cumplió en dos etapas: en febrero 1973 y el definitivo pocos meses después del 27 de junio.

En febrero la izquierda en bloque, líderes y medios de prensa, manifestaron públicamente su apoyo a la tentativa (golpista militar encubierta) con el objetivo de desplazar a Bordaberry del poder, en tanto la mayoría de la oposición parlamentaria contempló pasivamente los acontecimientos alambicado por sugerentes señales que tras la remoción del presidente habría un pronto llamado a elecciones. Los Tupamaros a su vez en conversaciones con los militares también se plegaban a la intentona.

Pero en junio todos se quitaron las máscaras: los militares cerraron el parlamento, suspendieron las libertades, encarcelaron opositores y concluyeron tomando definitivamente el poder. Dejaron la formalidad del presidente Bordaberry e inventaron un consejo de estado, dándole al cambio de régimen el calificativo de cívico-militar. Y comenzó la caza despiadada de los grupos de izquierda que los habían alentado en febrero de 1973.

Bajo los años de influencia de Alvarez fueron detenidos principales líderes políticos de Uruguay, como el liberal Jorge Batlle -presidente entre 2000 y 2005-; la figura emblemática de la izquierda, General Líber Seregni, en tanto el principal líder opositor del Partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate, fugó del país.

En 1978 Álvarez fue comandante en jefe del Ejército y depuró grupos contrarios a su influencia dentro del arma durante su desempeño de un año. En 1976 respetando mandatos presidenciales de cinco años, se removió a Bordaberry y finalmente se nombró a otro bienmandado Aparicio Méndez. Al final del quinquenio y fracasado un intento por institucionalizar el poder militar con el caramelo de una apertura política, el Goyo Alvarez asume la presidencia, aunque sin apoyo unánime de sus pares.

Soplaban vientos de cambio en América Latina y los regímenes militares, infructuosos en cumplir sus metas políticas, cedían ante el clamor por el retorno de la normalidad institucional impulsada internacionalmente y por el desplazado sistema político. Alvarez renunciaría en el verano de 1985, y la banda presidencial le fue entregada al electo presidente Sanguinetti por el presidente de la Suprema Corte, Rafael Addiego.

En 1989 la “Ley de Caducidad”, ratificada en un referendo y nuevamente en 2005, eximió inicialmente a Álvarez y al resto de los jefes militares de las responsabilidades por los crímenes cometidos durante la dictadura. Pero en 2007, bajo el gobierno del Frente Amplio fue judicialmente acusado por primera vez de haber perpetrado delitos de lesa humanidad.

La fiscal Mirtha Guizane y el juez Luis Charles acusaron a Álvarez de ser responsable de desapariciones forzadas y en 2009 fue sentenciado a 25 años de prisión.

Antes de su último ingreso en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas de Montevideo, donde falleció (ya había estado internado en junio y octubre de 2015) se encontraba preso en la unidad carcelaria Domingo Arena de Montevideo, cárcel especial para alojar a los militares y policías represores.

En ese recinto recibió en varias oportunidades a varios periodistas que buscaban obtener una nueva declaración de primera mano sobre los años más violentos del Uruguay en la última época.

El militar dijo en 2010 al periódico local Últimas Noticias que no se arrepiente “de nada”. La periodista lo consultó sobre su negativa a dar la información que tiene sobre los desaparecidos a lo que Álvarez respondió: “¿Quién dice que hubo desaparecidos?”