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Sindicatos argentinos apoyan proyecto de ley de emergencia social y amenazan con paros
Sindicatos argentinos frente al Congreso en apoyo de una Ley de Emergencia Social amenazan con huelga general. Sindicatos y organizaciones sociales de izquierda se reunieron el viernes ante el edificio del Congreso en Buenos Aires para expresar su apoyo a un proyecto de ley que, de ser aprobado, crearía un millón de empleos formales. Las agrupaciones detrás de la medida procuran que su iniciativa vea la luz antes del receso legislativo que comienza el 1 de diciembre.
Los partidarios y promotores del proyecto de Ley de Emergencia Social y Alimentaria realizaron una manifestación en la Plaza de los Dos Congresos frente a la legislatura nacional como medio para presionar al Ejecutivo. Por su parte, el gobierno de Mauricio Macri aspira a detener la norma en los corredores parlamentarios para evitar el último recurso del veto.
Los organizadores del acto del viernes fueron los mismos que llevaron a cabo la llamada marcha de San Cayetano: la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios De Pie, a quienes se sumaron la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA).
El proyecto de declaración de la emergencia social y alimentaria fue aprobado por el Senado el miércoles pasado con amplio respaldo de la oposición. Si el partido PRO del presidente Mauricio Macri no consigue detener el proyecto en la Cámara de Diputados, se haría necesario un veto, pero eso implicaría un costo político. “Un veto traería consigo consecuencias”, advirtió un portavoz de los organizadores.
“Tendría que haber una huelga general”, dijo Hugo Yasky de uno de los CTAs, quien enfatizó que la iniciativa de las bases “cubre una demanda absolutamente justa”. Señaló que el desempleo y el hambre crecen diariamente y “hay mucha gente que se enriquece con el hambre de los argentinos”, dijo.
Carlos Alderete, de CCC, pidió al Gobierno “reaccionar” y responder positivamente a la demanda de los sectores más desfavorecidos. Subrayó que llevaban “a la marcha las demandas de la clase trabajadora ocupada, desempleada, retirada, pueblos indígenas, campesinos pobres y pequeños y medianos productores”. Es decir, de todos aquellos que “están agobiados por la inflación, los aranceles, la recesión y los despidos, que siguen ocurriendo”, explicó.
Fernando “Chino” Navarro del Movimiento Evita afirmó que “la emergencia social es una realidad del ajuste aplicado por el Gobierno, cuyos miembros definen políticas sin tener idea de lo que están haciendo - por ejemplo, las obras públicas anunciadas por el Presidente no han comenzado pero ellos creen que son una realidad ”. Navarro explicó que si se perdieron 150.000 empleos formales desde la asunción de Macri hace menos de un año, el número real de puestos suprimidos sería 4 veces mayor si se tiene en cuenta el trabajo informal.
El proyecto de ley prevé un aumento del 15 por ciento en los subsidios para el embarazo y la maternidad e insta al Ejecutivo a poner en marcha un millón de empleos. Establece además un salario social suplementario para las personas de bajos ingresos que reciban la paga mínima.
Pablo Micheli, de la CTA Autónoma, estuvo de acuerdo con Yasky en que el Presidente “no puede vetar todas las leyes votadas en el Congreso” y anticipó un fin de año problemático.
Desde el oficialismo, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, minimizó la importancia de la marcha, a la que consideró una “manifestación política”. Además, cuestionó a quienes promovieron la Emergencia Social en el Congreso, en particular a los legisladores kirchneristas. “Deberían ponerse colorados” por apoyar este proyecto cuando “hace un año hablaban de que teníamos menos pobreza que Alemania”, sostuvo.
