La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) revisó las proyecciones de crecimiento de la actividad económica de la región para 2016 y espera una contracción promedio de -0,9% en América Latina y el Caribe durante este año. Para 2017 se prevé un repunte en la dinámica económica con un crecimiento promedio de 1,5%, según informó el organismo de las Naciones Unidas mediante un comunicado de prensa.
Las proyecciones para 2017 dan cuenta de un entorno global que se prevé más auspicioso que el de 2015 y 2016. Los precios de las materias primas evidenciarían en 2017 mejoras con respecto a los niveles promedio del 2016 y se espera que el crecimiento de los socios comerciales de los países de la región sea mayor.
Al igual que en 2016, durante 2017 la dinámica del crecimiento mostrará marcadas diferenciadas entre países y subregiones, indica la CEPAL. Las economías de América del Sur, especializadas en la producción de bienes primarios, en especial petróleo, minerales y alimentos, registrarán un crecimiento promedio en 2017 de 1,1% que contrasta con la contracción esperada de -2,2% en 2016.
En tanto, para las economías de Centroamérica se espera una tasa de crecimiento de 4,0% para 2017, por encima del 3,7%, proyectado para 2016. Si se toma Centroamérica más México las proyecciones son de 2,5% para 2016 y 2,6% para 2017. En el Caribe de habla inglesa u holandesa se estima un crecimiento promedio de 1,4% para 2017, cifra que contrasta positivamente con la contracción esperada de -0,3% para 2016.
Según la CEPAL, para sostener el mayor crecimiento esperado en 2017 se requiere dinamizar la inversión e incrementar la productividad para mantener una senda de crecimiento sostenido. En este contexto la inversión en infraestructura y en innovación tecnológica deben jugar un papel primordial.
Asimismo, para proteger los avances sociales logrados en años recientes el organismo señala que se requieren políticas que mantengan la inversión social y productiva en un marco de ajustes fiscales inteligentes. Agrega que se debe procurar la sostenibilidad de las finanzas públicas de la región, con políticas que tomen en cuenta tanto el impacto sobre la capacidad de crecimiento en el largo plazo, como sobre las condiciones sociales de los habitantes de la región.