La fiscalía Brasil acusó el miércoles al ex presidente Lula da Silva de ser el “comandante máximo” de la red de corrupción en Petrobras, una denuncia que cayó como una bomba en un país sacudido por las reiteradas convulsiones políticas.
El jefe de los fiscales que investiga el caso, Deltan Dallagnol, afirmó en rueda de prensa en Paraná que el ex mandatario (2003-2010) estaba en la cima del esquema que desvió miles de millones de dólares de la petrolera estatal, revelado por la Operación Lava Jato (lavadero de autos) .
“Sin el poder de decisión de Lula, ese esquema sería imposible”, afirmó, al definir el caso también conocido como “Petrolao” como “el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil”.
Ahora el juez Sergio Moro, devenido en símbolo de la lucha contra la corrupción, deberá decidir si acepta la denuncia contra el ex dirigente sindical, de 70 años, que encarnó la irrupción de la izquierda populista latinoamericana a inicios de la década pasada.
Según Dallagnol, en esta causa -una de las múltiples del expediente que ya se tradujo en más de un centenar de sentencias- Lula recibió unos 3,7 millones de reales (más o menos US$ 1,1 millones) “en sobornos pagados disimuladamente”.
Afirmó además que se había constatado que la constructora OAS, una de las principales involucradas en la trama político-empresarial de sobornos en Petrobras, transfirió recursos al ex presidente mediante la reforma de un apartamento tríplex y de un contrato falso de almacenamiento de bienes personales.
La esposa del ex mandatario, Marisa Leticia Lula da Silva, también fue denunciada, en particular como presunta copropietaria del tríplex.
El fiscal que conduce el equipo de investigadores definió como “sobornocracia” el sistema masivo de desvío de fondos diseñado, según dijo, con el objetivo de “perpetuarse criminalmente en el poder, enriquecerse ilícitamente y corromper la gobernabilidad” .
En Sao Paulo, el abogado de Lula calificó esas denuncias de “farsas” y dijo que la Fiscalía “se perdió en un deplorable espectáculo de verborragia” para encubrir el hecho de que no existía “ninguna prueba” contra Lula ni contra su esposa.
El ex presidente y fundador del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) enfrenta otra acusación, por presunto intento de obstrucción de las investigaciones de la Operación Lava Jato.
En su presentación, Dallagnol citó un estudio de la Policía Federal que indicó que el “perjuicio total” ocasionado por el fraude podría ascender hasta 42.000 millones de reales (unos 12.700 millones de dólares).
Consultado acerca de si solicitaría la detención del ex mandatario, respondió que no se manifestaría sobre eventuales medidas cautelares.
Lula también está acusado, en otro expediente, de intentar obstruir las investigaciones luego de que un ex-senador de su partido, Delcidio do Amaral, dijera que había sido uno de los ideólogos de un intento por comprar el silencio de un directivo de Petrobras que negociaba un acuerdo con las autoridades a cambio de una reducción de su condena.
También fueron detenidos por la trama de sobornos en la estatal Joao Santana, publicista del PT, Joao Vaccari, ex-tesorero, y José Dirceu, exjefe de Gabinete y mano derecha de Lula.
Dirceu fue condenado en mayo a 23 años de prisión por este caso. Hombre fuerte del PT, ya había estado detenido por un escándalo previo conocido como “mensalao”, por el cual el PT pagó sobornos a legisladores aliados a cambio de apoyo político durante el primer mandato de Lula. Dallagnol vinculó ambas causas y las consideró “dos caras de la misma moneda”.