El militar al que la presidenta brasileña Dilma Rousseff reconoció como uno de sus torturadores durante la dictadura (1964-1985) falleció en Sao Paulo, informó la prensa local el viernes. La Comisión de la Verdad, que investigó durante casi tres años los crímenes cometidos por el régimen militar, acusó al capitán Homero César Machado de dirigir torturas contra la actual mandataria y otras tres personas.
La fiscalía lo denunció en noviembre pasado junto a otros cuatro ex agentes de la dictadura por la muerte del militante Virgilio Gomes da Silva, detenido en septiembre de 1969 y asesinado poco después.
La justicia nunca se pronunció sobre esa acusación, en virtud de una ley que data de 1979 y que amnistió a policías y militares que violaron los derechos humanos. Machado murió el jueves a los 75 años, supuestamente de cáncer, y su cuerpo fue cremado el viernes en Sao Paulo.
En una entrevista con el diario Folha de Sao Paulo en 2005, la entonces ministra Dilma Rousseff lo señaló como uno de sus torturadores cuando fue arrestada en 1970 por pertenecer a un grupo armado clandestino. Rousseff contó que recibió golpes y choques eléctricos en pies, manos, muslos, orejas y un seno.
La mandataria enfrenta en estos días un proceso de impeachment en el Congreso y en la sesión de Diputados que aprobó el impeachment (ahora lo analiza el Senado) , el legislador de extrema derecha Jair Bolsonaro homenajeó a otro torturador fallecido, el coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, “el terror de Dilma Rousseff” .
Ustra fue el jefe del brazo represor armado en Sao Paulo entre 1970 y 1974 y se le atribuyen unas 70 muertes y desapariciones en la metrópoli, según datos de la comisión. Murió en octubre de 2015 a los 83 años. “Creo que es lamentable (...), conocí a ese señor al que se refiere y que fue el mayor torturador de esa época y el responsable de muchos muertos” , declaró la presidenta días después respecto a las declaraciones de Bolsonaro.
La Comisión de la Verdad confirmó 434 muertes y desapariciones durante la dictadura en Brasil, una cifra que dista mucho de las que reconocen otros países de la región que también sufrieron férreas dictaduras a finales del siglo pasado, como Argentina (30.000 muertos y desaparecidos, según organizaciones de derechos humanos) o Chile (3.200 muertos y unos 38.000 torturados) .