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Fiscal General recomendó a Suprema Corte anular designación de Lula como ministro de Rousseff
El procurador Rodrigo Janot dijo que “hay elementos suficientes para afirmar que hubo desvío en la finalidad del decreto presidencial” que nombró a Lula da Silva 
Lula, fundador del PT es investigado por presunta ocultación de bienes procedentes de la trama de corrupción en Petrobras un caso que lleva el juez Sergio Moro. El fiscal general de Brasil recomendó el jueves a la Corte Suprema anular la designación del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva como ministro de Dilma Rousseff, por considerar que se trató de un subterfugio para escapar de la justicia ordinaria en el caso de Petrobras.
El procurador Rodrigo Janot dijo en un informe enviado a los magistrados del Supremo Tribunal federal (STF) que “hay elementos suficientes para afirmar que hubo desvío en la finalidad del decreto presidencial” que nombró al ex mandatario (2003-2010).
Lula, fundador del Partido de los Trabajadores (PT), es investigado por presunta ocultación de bienes procedentes de la trama de corrupción en la petrolera estatal, un caso que lleva el juez de primera instancia Sergio Moro.
Lula fue investido ministro jefe de gabinete el 17 de marzo, pero el juez del STF Gilmar Mendes suspendió la designación, por sospechar que su objetivo era ponerlo al abrigo de la justicia ordinaria.
El STF debe decidir en una sesión plenaria si finalmente Lula puede asumir el cargo.
Janot había considerado el 28 de marzo que el nombramiento de Lula como ministro era una “competencia constitucional” de Rousseff y que su bloqueo “podría causar graves daños al orden institucional”.
Pero ahora cambió de parecer y respaldó con fuerza las sospechas del juez del STF.
Para Janot, la designación del ex presidente buscó en efecto “afectar la competencia” de Moro y “perturbar el avance de las investigaciones criminales” en la operación Lava Jato, como se denomina a la investigación sobre la red de corrupción en Petrobras.
Janot explicó que cambió de opinión después de analizar “elementos más amplios”, como el audio liberado por Moro de una conversación interceptada entre Lula y Rousseff.
En esa conversación, la mandataria le informaba a su mentor y predecesor que le enviaría el decreto de su nombramiento para que pueda “usarlo en caso de necesidad”, antes de la ceremonia oficial.
Esas declaraciones fueron interpretadas como una voluntad de poner a Lula al abrigo de una eventual orden de arresto, algo que Rousseff niega con vehemencia.
Janot también tuvo en cuenta la confesión del senador oficialista Delcidio de Amaral, en el marco de un acuerdo con la justicia a cambio de una reducción de pena, en la que incriminaba a Rousseff y a Lula en el caso Petrobras.
