El juez federal de distrito de Nueva York Thomas Griesa dictaminó el lunes que los pagos destinados a saldar los juicios con los fondos holdouts que firmaron preacuerdos con Argentina no podrán ser embargados por los acreedores reticentes a aceptar la propuesta del país.
Cualquier intento de embargar o interferir de alguna manera con los fondos destinados a los acuerdos de cualquier acción serán contrarias al interés público, afirmó el juez. Griesa, además, fijó la mecánica de pago, que incluye a una serie de bancos internacionales, entre ellos el BONY, agente fiduciario desterrado en la última etapa del gobierno de Cristina Fernández.
Según voceros del Palacio de Hacienda, la orden protege a Argentina de intentos de embargo o intervención por parte de los acreedores que no están aceptando la propuesta. A su vez, interpretaron, esos bonistas reticentes a firmar acuerdos tienen un incentivo adicional para aceptar la propuesta, porque explicita aun más el apoyo de la Corte al curso tomado. Según la cartera de Alfonso Prat-Gay, Argentina logró preacuerdos con el 85% de los litigantes y quedan reclamos por resolver por unos u$s 2.000 millones en conjunto.
Para los negociadores argentinos la orden de Griesa aumenta el interés de participación en la operación de la nueva colocación de bonos por hasta US$ 15.000 millones, ya que los inversores tienen la garantía de que no habrá embargos.
La orden de Griesa, en principio, se restringe a los preacuerdos firmados con los fondos buitre más importantes: NML Capital, Aurelius, Olifant, Blue Angel y FFI. Estos cerraron pactos por los que el país desembolsará US$ 4.653 millones por sus juicios, lo que implica una quita del 21%, menor a otros convenios, que incluye el pago de costas legales. Estos holdouts exigieron cobrar antes del mediodía del 14 de abril.
Esos fondos y otros acreedores menores que no aceptaron la propuesta del Gobierno argentino apelaron la orden de Griesa que levantará las sanciones al país si la República paga los preacuerdos firmados hasta el 29 de febrero. Las ordenes del magistrado impiden a Argentina pagar compromisos de deuda reestructurada desde el 30 de junio de 2014.
Los fondos y bonistas individuales que no acordaron con Argentina pidieron al tribunal de alzada mantener las sanciones hasta tanto Argentina arregle con ellos y se consideraron discriminados en las negociaciones.
A diferencia de los fondos de inversión que compraron sus bonos post-default a 20 centavos por dólar, los bonistas individuales lo hicieron a 100 centavos por dólar y nunca estarán satisfechos con acuerdos con recortes, enfatizaron. Si la Corte de Apelaciones les da la razón, los acuerdos con los principales acreedores caerán, ya que la administración de Mauricio Macri afirmó que no emitirá deuda para saldar los juicios hasta no tener el aval del tribunal.
Según el cronograma de Apelaciones, los demandantes y Argentina tendrán una audiencia alrededor del 4 de abril y luego la Corte resolverá, lo que daría al país alrededor de una semana para emitir deuda por hasta US$ 15.000 millones y pagar las sentencias en efectivo, con una quita promedio del 25%.
Mientras tanto el Banco central argentino reportó que sus reservas internacionales cayeron el martes US$ 188 millones respecto del cierre del lunes y se ubicaron en US$ 27.839 millones, perforando por primera vez el piso de los US$ 28.000 millones desde la incorporación del auxilio de 5.000 millones de dólares del pase pasivo.
Sin esa asistencia, el nivel de las reservas es de US$ 22.839 millones, el más bajo desde el 4 de mayo de 2006, de acuerdo con los registros del Banco Central.
La autoridad monetaria informó en un comunicado que la variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un saldo negativo por 37 millones de dólares, en una jornada en la que el BCRA no tuvo participación en el mercado.
En lo que va de marzo, las reservas acumulan una pérdida de 560 millones de dólares, en tanto que en 2016 tienen una ganancia de 2.276 millones, que si se excluye el pase pasivo ingresado el 29 de enero se transforma en un retroceso de 2.724 millones