La imagen del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tiene el rechazo del 49% de los electores, influenciados por las denuncias que lo vinculan a escándalos de corrupción, según una encuesta publicada por el diario Folha de San Pablo.
El republicano Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton parten como favoritos para la gran batalla del supermartes, cuando EE.UU. celebra una docena de elecciones primarias estatales para elegir a los candidatos a la Casa Blanca.
El flamante presidente de la FIFA, Gianni Infantino, irá al partido de Uruguay-Perú que se jugará el próximo 29 de marzo en el estadio Centenario de Montevideo, correspondiente a la sexta fecha de las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018, se informó en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).
El gobierno boliviano denunció una “articulación política” para atacar al presidente Evo Morales con el caso de Gabriela Zapata, una ex-pareja del mandatario que acaba de ser encarcelada por supuestos delitos económicos, y el hijo que tuvieron ambos en 2007.
El Índice de Confianza de la Industria (ICI) en Brasil registró en febrero una caída de 1,5 puntos, la peor desde septiembre de 2015 y se da después de un período de relativa estabilidad, según informaron fuentes oficiales. En febrero, la medición de la confianza del sector industrial fue de 74,7 puntos, un número menor a los 76,2 registrados en enero.
El ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo, renunció entre fuertes rumores sobre supuestas presiones del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), al parecer descontento con su acción frente a la corrupción, informaron fuentes oficiales. Cardozo estaba en el cargo desde enero de 2011, cuando llegó al poder la presidenta Dilma Rousseff, y estaba considerado como uno de los más fieles escuderos de la mandataria.
Argentina llegó a un preacuerdo con los fondos más litigiosos y se comprometió a pagar en efectivo US$ 4.653 millones por sus fallos en contra del país, con una quita del 25%. El arreglo, alcanzado en la madrugada del lunes, está condicionado a la aprobación por parte del Congreso argentino, que debe derogar las leyes Cerrojo y de Pago Soberano.